Filiberto Vargas Rodríguez / Aunque la percepción y los reportes oficiales hablan de una sustancial reducción en los índices delictivos (principalmente en los de alto impacto”, advirtió el pasado lunes Flavino Ríos) lo cierto es que falta mucho para que las autoridades de Veracruz puedan utilizar una frase tan contundente como la que empleó en fecha reciente el Presidente Enrique Peña Nieto (“Misión cumplida”).
La madrugada del jueves 14 de enero fueron detenidos cuatro policías estatales, a quienes se les señala de participar en el “levantón” o desaparición forzada, de cinco jóvenes en Tierra Blanca.
La Fiscalía General del Estado informó que luego de la investigación correspondiente “se acreditó que sí participaron y que sí detuvieron a las personas, que sí ocultaron el reporte de esta detención, porque la misma Secretaría (de Seguridad Pública) nos informa que no se dio parte de alguna eventualidad, que por protocolo deberían de haber hecho”, expuso la fiscalía.
Esta misma semana cinco jóvenes, entre ellos una menor de edad, originarios de Playa Vicente, fueron intervenidos por la policía estatal en Tierra Blanca, al parecer para una revisión al vehículo que en el que viajaban. Después de ese hecho no se ha sabido más de ellos.
El vehículo fue encontrado, abandonado, en la congregación Paso del Toro, del municipio de Medellín.
La movilización de los familiares de los cinco jóvenes desaparecidos obligó a una rápida e intensa búsqueda por parte de las autoridades estatales.
La noche del miércoles 13 de enero, elementos del Ejército, de la Fuerza Civil y de la Fiscalía General del Estado intervinieron a 35 elementos de la Policía Estatal y los trasladaron a Xalapa, para tomarles declaración sobre los hechos.
Todo parece indicar que este caso es uno más en el que los elementos de la policía se involucran con bandas del crimen organizado, un estigma contra el que se ha estado luchando en la última década con resultados muy pobres.
David Garay Maldonado, titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, con amplia experiencia en materia de seguridad pública, advierte que el establecimiento del mando único policial en los estados “no debe ser la suma de ineficiencias de los cuerpos policiales municipales”.
En su opinión, el modelo de la policía municipal ha sido rebasado, presenta debilidades en su estructura que lo han hecho vulnerable.
El mando único tiene entre sus estrategias, dijo, conformar grupos de inteligencia policial, evitar infiltraciones, aumentar ingresos de los policías, mejorar la distribución de estos en la jurisdicción estatal, reducir contrastes de las corporaciones en su estado de fuerza, nivelar grados de escolaridad y capacitación, abatir la rotación de personal, fortalecer instalaciones y equipo, aplicando mejores y mayores controles de confianza.
En suma, eficacia operativa agregando, además, un sistema de seguridad social en favor de los policías y sus familias.
Garay Maldonado opina que la policía municipal ha sido una institución débil y sin recursos para desarrollar acciones de prevención, investigación, análisis de la información y persecución del delito.
Comenta que en la actualidad no hay uniformidad de criterios y falta cobertura de las policías municipales para atender a la mayor población posible. De hecho, sólo 14 de los 31 estados cuentan con corporaciones policiacas en la totalidad de sus municipios y una cuarta parte del total de policías locales trabaja en 25 ayuntamientos. Sus facultades las limitan a atender faltas cívicas, siendo que es a nivel municipal donde deben darse las primeras acciones de prevención y combate al delito.
Los últimos años la estructura policiaca en el estado de Veracruz ha crecido en forma considerable. Son cada vez más los cuerpos policiacos acreditados, y donde la podredumbre ha llegado hasta los cimientos, han entrado las fuerzas estatales y federales para imponer el orden.
Sin embargo falta mucho por hacer, y hechos como el denunciado en Tierra Blanca, nos dan una muestra de la inmensa tarea que está aún pendiente.
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