Tomás R. Domínguez Sánchez / Hablando tradicionalmente, el derecho penal ha sido la rama preferida de la mayoría de los egresados de la carrera de derecho porque, como ellos dicen, es la más fácil y de la que más chamba hay, lo cierto es que esa facilidad de la que tanto gozaba esa área ha quedado atrás por la entrada del nuevo sistema de justicia penal, pasando de la forma escrita a la forma oral; otros dicen que les gusta el derecho penal porque les apasiona buscar justicia, porque buscan que se castigue a la persona que ha cometido algún delito, porque sienten el deseo de defender a las personas frente a sus agresores, o como en casi todos los casos, por simple gusto.
Es primordial decir que el derecho penal se traduce en una facultad que se le ha otorgado al Estado por el mismo para poder castigar, precisamente esa atribución que tiene le sirve para controlar a los ciudadanos, es decir, se trata de un medio de control social porque se encarga de sancionar comportamientos considerados nocivos para la sociedad y por lo tanto deben ser erradicamos a través de la represión con las penas impuestas buscando que la sanción sea ejemplo para que los demás justiciables no incurran en la misma conducta y terminen siendo castigados, el mensaje que el derecho penal manda es ese: “si cometes algún delito te vamos a castigar”.
Así que la naturaleza del Estado es reprimir, esa propiedad con la que se le ha dotado, a lo largo del tiempo ha tenido un gran impacto negativo y se ha deformado a tal grado que ahora hay agresiones a los ciudadanos, esa represión ha alcanzado a gente inocente, esa gente que lo único que hace es llamar la atención, pero con las acciones que realizan como medidas de presión se desprenden nuevas situaciones que llevan al Estado a utilizar las medidas de apremio con las que cuenta para evitar que se cometan delitos; lo cierto es que cuando se toman estas medidas hablando en ambos sentidos, el de la autoridad y el de los ciudadanos, la línea que separa al delito del no delito es muy muy delgada por lo siguiente:
PRIMERO. El artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Ley Máxima, establece que La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público por lo que la expresión de las ideas debe ser pacífica y sin afectar el derecho de terceros, y al cerrar una calle se obstaculiza el derecho al libre tránsito, consagrado en el artículo 11 de la misma CPEUM y convenientemente esta acción es utilizada como una alteración al orden público.
SEGUNDO. En el Código Penal Vigente para el Estado de Veracruz, en el apartado de los delitos contra la seguridad de los medios de transporte y de las vías de comunicación en el capítulo I en su artículo 269 que establece que a quien obstaculice una vía de comunicación estatal, rural o urbana, se le impondrán prisión de seis meses a cuatro años y multa hasta de ochenta días de salario, así que con la medida de presión que toman los manifestantes al cerrar el paso de alguna calle, se configura este tipo penal, por lo tanto es un delito.
TERCERO. En la Constitución Política para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, nuestra máxima local, en el capítulo dispuesto para las atribuciones del ejecutivo del Estado en el artículo 49 en su fracción IV dice que debe velar por la conservación del orden, tranquilidad y seguridad del Estado, disponiendo al efecto de las corporaciones policiales estatales, y de las municipales en aquellos casos que juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público; así como impedir los abusos de la fuerza pública a su cargo en contra de los ciudadanos, haciendo efectiva la responsabilidad en que aquélla incurriera, en este artículo existe la facultad expresa para que el Ejecutivo utilice a la policía para conservar el orden y tranquilidad.
Pues bien, resulta que la ley dice que cuando vas a expresar tus ideas se debe hacer de forma pacífica sin alterar el orden público, además establece que cuando se cierra una calle se comete un delito y que cuando existe alteración del orden público el ejecutivo puede disponer de la policía para restablecerlo, pero sin que existan abusos en contra de los ciudadanos, así que de acuerdo con lo que dicen las leyes ¿Contra quien hay que proceder?
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