Justicia para todos

- en Opinión

Filiberto Vargas Rodríguez / Imagine que viaja en su vehículo en busca de un sitio para estacionarse. De pronto se encuentra con una fila de automóviles que se ubicaron justo en una zona en la que está prohibido dejar las unidades, como lo señalan los anuncios de Tránsito.

Ante las dificultades para encontrar un espacio autorizado para estacionar su carro, sigue el ejemplo de los otros y lo ubica en la zona prohibida. “Total, sólo tardaré unos minutos”, reflexiona.

Luego de concluir sus tareas, al retornar a su vehículo, observa cómo una grúa se dispone a llevárselo. Le sorprende más que al único automóvil que están levantando es al suyo. Ninguno de los otros, que también están estacionados en lugar prohibido, ha sido afectado.

La indignación es natural: “¡¿Por qué sólo a mi?!”.

¿Es justa la protesta?

Si, pues la autoridad no está aplicando el mismo criterio al momento de imponer las medidas coercitivas.

¿Cuál hubiera sido la forma correcta de actuar?

Que se llevaran todos los vehículos estacionados en un sitio prohibido, sin excepciones.

Si desde el primero de diciembre del 2010, cuando entró en funciones el gobierno de Javier Duarte, los responsables de velar por la gobernabilidad y la paz en la entidad hubieran retirado a todo grupo de manifestantes que bloqueara una vialidad, seguramente los pensionados que protestaron la semana pasada no se habrían atrevido a cerrar la avenida Enríquez, pues ya sabrían la consecuencia de tal acto.

Sin embargo, al ver que un día sí y otro también grupos de manifestantes cierran la circulación, sin que exista reacción alguna por parte de las autoridades, los burócratas jubilados consideraron “normal”, como parte de sus medidas de presión al gobierno que seguía sin pagarles sus pensiones, incluir el bloqueo a la circulación vehicular.

¿Justo el reclamo de los pensionados y la sociedad por la represión contra los manifestantes?

Si, pues la autoridad no está aplicando el mismo criterio. A otros grupos les tolera los bloqueos, pero “repliega” con granaderos a estas personas.

¿Cuál hubiera sido la forma correcta de actuar?

Todos los que reclamen solución a un acto de injusticia, pero que a su vez incurran en acciones ilegales, deben ser reprimidos, todos, sin excepción. En estos casos no se debe impedir la manifestación, sino evitar que cierren las vialidades.

La protesta de jubilados y pensionados puede ser justa (seguramente lo es) pero eso no les otorga el privilegio de violentar los derechos de terceros.

La autoridad no ha sido coherente en la aplicación de la justicia y, por lo tanto, los responsables de dicha anomalía deben ser sancionados. Desde el actual secretario general de Gobierno (y sus antecesores) hasta el titular de Seguridad Pública en la entidad.

Sin embargo, el repliegue de los manifestantes (así como el ejemplo del retiro del vehículo con una grúa) es un acto legítimo de la autoridad.

La impunidad de otros no es argumento válido para violentar la ley.

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