Denuncian a Américo Zúñiga por despojo, incumplimiento del deber y abuso de autoridad

- en Carrusel, Estatales

Francisco de Luna / Xalapa, Ver. Por abuso de autoridad, despojo e incumplimiento del deber, fue denunciado el alcalde de Xalapa Américo Zúñiga Martínez, ante la agencia especializada en Investigaciones Ministeriales en Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

La denuncia quedó asentada en la investigación 276/2015 interpuesta el 2 de diciembre de este 2015, informó Filiberto Lozano Romero, abogado de la señora Martha Grayeb dueña del edificio Nachita, ubicado frente al parque Benito Juárez, de la ciudad de Xalapa.

Durante la rueda de prensa, dieron a conocer que las autoridades municipales han hecho uso indebido del pasillo de esta propiedad, en donde han autorizado permisos para que comerciantes se establezcan en esa zona y que a su vez han estado cobrando desde hace 30 años.

También descubrieron que las casetas telefónicas que están en la propiedad privada son cobradas por la Dirección Municipal de Comercio, refirió Lozano Romero.

Lo que genera inconformidad es que el ayuntamiento haga cobros de piso a los vendedores a pesar de que ese espacio no es público, pues se trata de un área privada.

Dijeron de manera pública que el ayuntamiento cobra esas áreas como de su propiedad, y la evidencia con la que cuenta el abogado y su representada, es que desde hace tres décadas ha ocurrido esta situación.

Por lo que a las autoridades estatales les fue solicitada la boleta de pagos que le fueron cobrados a la señora Laura Iris Romero Acevedo, quien permanecía en la parte baja del edificio Nachita con un puesto de revistas.

En el oficio número UMTAI-516/14 la unidad de transparencia del ayuntamiento de Xalapa a cargo de Teresa Parada Cortes, confirman los pagos que realizó la comerciante y su madre Dora Acevedo Márquez, quienes pagaron cinco mil 782 pesos.

La situación a la cual catalogaron como abuso de autoridad, dijeron que no podrá quedarse en documentos y denuncias públicas por lo que procedieron a realizarla de manera legal en contra de Servidores Públicos.

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