Desequilibrio de Poderes en Veracruz

- en Opinión

Armando Ortiz / Por si a usted se le había olvidado, Veracruz se divide en tres poderes que en su equilibrio sostienen la soberanía del estado: El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo.

De acuerdo con la propia definición que brinda la página oficial del estado de Veracruz, el Poder Judicial, “es el garante de la constitucionalidad en el Estado, y tiene a su cargo, como función primigenia, la tarea de administrar justicia en el territorio veracruzano”. El Poder Legislativo “se deposita en una asamblea denominada Congreso del Estado y está formado por 50 Diputados: 30 electos por el principio de mayoría relativa y 20 electos por el principio de representación proporcional”; y el Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que se denomina Gobernador del Estado; así de sencillo.

Cada poder goza de autonomía, y para mantener esa separación y equilibrio, el Ejecutivo no puede intervenir en el Legislativo ni en el Judicial. Desafortunadamente en Veracruz las cosas no son así. El Poder Ejecutivo tiene sometido, desde hace muchos sexenios, al poder Legislativo. Los excesos de los últimos gobernantes, hablando particularmente de endeudar al estado, se han dado por ese sometimiento que tiene el Ejecutivo sobre el Legislativo.

En lo que respecta al Poder Judicial, éste ha mantenido una distancia pertinente, prudente. El titular del Poder Judicial no se inmiscuye en las decisiones del Ejecutivo, esto no quiere decir que el Ejecutivo no haya querido inmiscuirse en las decisiones del Poder Judicial.

Sin embargo, el Ejecutivo, en connivencia con el Poder Legislativo parece que ha encontrado la manera de someter, al menos económicamente, al Poder Judicial.

En 2015 el presupuesto designado por el Congreso para el Poder Judicial fue de mil 577 millones 900 mil pesos. Este año y ante la urgencia de habilitar las salas de Juicios Orales, que son una necesidad imperante, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el Magistrado Alberto Sosa, solicitó un presupuesto de mil 680 millones de pesos, es decir un incremento del 12 por ciento al presupuesto del 2015.

En 2015 la distribución del presupuesto para el poder Judicial estuvo de la siguiente manera: Para el Tribunal Superior de Justicia 358 millones 400 mil pesos; Tribunal de lo Contencioso Administrativo 82 millones 500 mil pesos; Tribunal de Conciliación y Arbitraje 65 millones de pesos; Consejo de la Judicatura 951 millones 200 mil pesos; Tribunal Electoral 83 millones 800 mil pesos y Centro Estatal de Justicia Alternativa 37 millones de pesos. La operatividad de la Justicia en todo el estado es alta, porque Veracruz es un estado grande y cada distrito tiene su tribunal, su consejo, sus jueces y se espera que para 2016, sus propias salas de juicios orales.

Sin embargo va estar muy difícil que ese proyecto imperante para nuestro estado se lleve a cabo. Y es que el Poder Judicial había solicitado un aumento para llevar a cabo todos estos proyectos, pidió mil 680 millones de pesos para 2016, pero el Congreso del Estado sólo le otorgó mil 494 millones de pesos, es decir, el Congreso del Estado aprobó menos presupuesto para el Poder Judicial que el de 2015.

Sin embargo, el Congreso del Estado sí aumentó el presupuesto a la Fiscalía General del Estado y al Organismo Público Local Electoral, el anterior Instituto Veracruzano Electoral. Este organismo contará con mil 009 millones de pesos; por su parte la Fiscalía General del Estado (FGE) tendrá mil ocho millones de pesos. En esta discrecionalidad presupuestal se nota que para el gobierno son más importantes las elecciones que el ejercicio de la Justicia. Al mismo tiempo el ciudadano puede darse cuenta que los aumentos presupuestales se dan a instituciones sometidas a la voluntad del Ejecutivo.

La Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos previsto para el Ejercicio Fiscal 2016 presentada por el gobernador Javier Duarte asciende a 98 mil 534 millones de pesos; para el Gasto Corriente 61 mil 964 millones de pesos; al Gasto de Capital, 3 mil 127.7 millones de pesos; a los municipios, 17 mil 537 millones de pesos; Poder Legislativo, 616 millones de pesos; Poder Judicial, mil 494.1 millones de pesos.

No  se ve el equilibrio. Si bien Javier Duarte, titular del Poder Ejecutivo, ha tenido al Legislativo en sus manos, sería muy grave que el Poder Judicial quede a merced de los caprichos del Ejecutivo. Este desequilibrio pondría al propio Estado en peligro.

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