Filiberto Vargas Rodríguez / Se ha convertido en una práctica común, en un vicio de la administración pública que ha sido soslayado y que fomenta la impunidad.
Las tesorerías estatales, las municipales, y las de los entes autónomos suelen disponer de los recursos retenidos a los trabajadores, recursos que están destinados al pago de impuestos, al pago de cuotas sindicales o de compromisos crediticios contratados por los trabajadores.
Los empleados tienen en su poder los recibos en los que se detalla el pago de su salario, y ahí se establece que le fueron hechos descuentos o retenciones, que la misma institución para la que trabajan está obligada a derivar al acreedor que corresponda.
Pero el recurso no llega a su destino.
Esta semana la rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara, admitió que esa casa de estudios tiene una deuda con la Federación Estatal de Sindicatos y Asociaciones de Personal Académico de la Universidad Veracruzana (FESAPAUV) por prestaciones pactadas en el Contrato Colectivo de Trabajo y por las cuotas al Sindicato por las aportaciones de los trabajadores.
Su argumento es que “no hay liquidez”.
Es muy conocido ya el debate que sostiene la UV con el Gobierno de Veracruz, toda vez que la institución educativa asegura que la administración estatal se ha retrasado en la entrega de más de dos mil millones de pesos que estaban contemplados en el presupuesto.
Una buena parte de ese recurso (poco más de 400 millones de pesos) corresponde a asignaciones directas de la Federación a la UV, que se han “atorado” en la Tesorería de Veracruz.
Producto de esa anomalía administrativa, es que la Sefiplan admitió gestionar ante la Secretaría de Hacienda que los recursos federales destinados a la Universidad se depositaran de forma directa a las cuentas de la casa de estudio, sin pasar por las arcas estatales.
En una gestión administrativa ordenada, esas retenciones son reales. Esto es, se aplica el monto total de las percepciones de los trabajadores y en forma automática se hace la derivación de las cifras retenidas.
En la actualidad lo que se hace es disponer exclusivamente del monto que debe ser depositado en las cuentas individuales del personal y se deja “para cuando llegue el resto del presupuesto” el pago de las retenciones.
Instituciones como el IMSS y el ISSSTE han sido de las más afectadas por esa morosidad de los organismos oficiales para el pago de sus obligaciones.
Lo grave de todo esto es que estos pasivos impactan de forma directa a los trabajadores. Muchos de ellos compraron bienes o contrataron servicios a crédito y hoy están señalados como morosos, porque el gobierno no ha reflejado el producto de lo que se les descuenta puntualmente.
El problema se torna dramático cuando lo que está en juego son seguros de vida o de gastos médicos, que se encuentran suspendidos por la falta de pago.
El Gobierno del Estado enfrenta severos problemas de liquidez. El servicio de la deuda ha limitado severamente las posibilidades de operación financiera. Los mandos medios de la administración estatal sufrieron este mes un segundo recorte a sus emolumentos. Los proveedores de servicios y contratistas siguen padeciendo la extrema lentitud en los pagos.
Todos están en espera de que se aterrice la nueva renegociación de los pasivos bancarios de Veracruz, para que se aligere la presión contra las arcas estatales.
Lo no se puede permitir es que sean los trabajadores los que carguen con las consecuencias de esta crisis, provocada por el desorden y la negligencia de los responsables de administrar las finanzas estatales.
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