Quince periodistas muertos después

- en Opinión

Aurelio Contreras Moreno / El anuncio del gobernador Javier Duarte de Ochoa de la firma de un convenio entre su administración y el Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Periodistas no es fortuito.

Debido a las constantes agresiones contra comunicadores en el estado, muchas de éstas denunciadas precisamente ante ese organismo del Gobierno Federal, estaba por lanzarse una alerta de riesgo para periodistas en el estado de Veracruz, lo que pondría de nueva cuenta al descubierto la inacción y absoluto desinterés de la administración estatal para garantizar la libertad de expresión y de prensa en la entidad.

Con la firma de este convenio, por medio del cual se incorporará a la Federación el sistema de alerta temprana del estado –del que ningún periodista tenía idea de su existencia–, lo que en realidad busca Duarte de Ochoa es desactivar la alerta para periodistas que emitiría el propio Mecanismo Federal, pues esto sería una “muestra” del “interés” de su gobierno por el trabajo de los reporteros, a quienes durante su conferencia de prensa de este lunes “reconoció” el “papel fundamental que desempeñan en una sociedad democrática”.

Después de cinco años de su gobierno, Javier Duarte se dio cuenta del “papel fundamental que desempeñan los periodistas en una sociedad democrática”. Quince homicidios, cuatro desapariciones y 74 averiguaciones previas por agresiones a periodistas veracruzanos más tarde, el gobierno estatal decidió que era necesario empatar sus procesos con los federales para garantizar el trabajo periodístico en Veracruz.

“Esto es una muestra más del compromiso de mi gobierno con la garantía de la libertad de expresión”, se ufanó el mandatario. Y para mostrar cuánto se “preocupa” por los periodistas veracruzanos y por su trabajo, al terminar su conferencia de prensa se llevó a los reporteros de la fuente a desayunar a un restaurante cercano a palacio de gobierno.

Pero aunque así lo crean, los agravios no se reparan ni se olvidan con huevos y frijoles.

La réplica de Joserra

El diputado local plurinominal del PRI José Ramón Gutiérrez de Velasco envió un mensaje al autor de la Rúbrica para solicitar derecho de réplica, luego de que en este espacio se publicó que sobre el legislador “pesan señalamientos por ser el más corrupto de los alcaldes que haya tenido el municipio de Veracruz puerto”. Aquí su respuesta.

“Me pasaron su columna donde me menciona, y en derecho de replica (sic) le digo, si usted tiene pruebas o le consta para escribir que ‹pesan señalamientos, por ser uno de los alcaldes mas corruptos› (sic) lo reto a que las escriba y diga cuales (sic), también si le caigo mal, lo reto a que me lo diga de frente, donde quiera y cuando quiera. Soy creyente y apoyo la libertad de expresión, pero no el insulto, de igual manera lo invito a Boca del Rio (sic), platicamos y me de (sic) oportunidad de conocerlo”.

Una vez ejercido su derecho de réplica –sin moverle una coma ni un acento–, quien esto escribe le comenta al diputado que no hay simpatías o antipatías personales en lo que en la Rúbrica se publica, que obedece únicamente a asuntos de interés público.

Sobre los señalamientos de corrupción que me solicita escribir, me remito en principio de cuentas a la denuncia por fraude y despojo que en 2001, siendo alcalde panista de Veracruz, interpuso en su contra la señora Guillermina Anitúa Briz, investigación que este reportero publicó en aquel entonces.

Digna de mencionar también es la denuncia que en su contra interpuso el empresario Rafael Fuster por incumplimiento de pagos por el servicio de limpia pública que prestaba al ayuntamiento y por abuso de autoridad, la cual fue radicada bajo la averiguación previa 873/05/IV en la Agencia Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos.

Otra denuncia fue la interpuesta por su ex socio Francisco Javier Aillaud Rangel por abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y administración fraudulenta, bajo la averiguación previa 773/2003. Aillaud incluso denunció haber sido mandado golpear y amenazado de muerte por José Ramón Gutiérrez de Velasco.

A estos botones de muestra se pueden sumar decenas, como su mansión construida de manera irregular en una zona de playa federal en Boca del Río, o la corrupción en su administración al frente del Ayuntamiento de Veracruz, que tuvo como consecuencia la explosión de juegos pirotécnicos en el mercado Miguel Hidalgo de esa ciudad el 31 de diciembre de 2002, que costó la vida –oficialmente– a 29 personas, sin que a la fecha alguien respondiera por ello.

Cuando guste, diputado.

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