Regidores porteños piden al congreso no privatizar el SAS

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Juan David Castilla / Xalapa, Ver. Regidores del ayuntamiento de Veracruz entregaron un documento en el Congreso del Estado, donde solicitan que se niegue la concesión a las empresas Odebrecht e Interagbar de México para evitar la privatización de los servicios de agua y saneamiento en Medellín de Bravo y en el puerto jarocho.

Se trata de Delta Estela Tiburcio Hernández, Mario Cruz Herrera y Juan Gabriel Montes de Oca, quienes se dirigieron a la presidenta de la Mesa Directiva, Octavia Ortega Arteaga, para que fuera escuchada su petición.

Emprendieron dichas acciones, toda vez que la empresa brasileña posee antecedentes de corrupción en diversos países de América Latina y temen que la situación pueda repetirse en la entidad veracruzana.

De acuerdo con Montes de Oca, la concesión también podría proporcionarse a la empresa Interagbar de México, misma que está vinculada con aumentos indebidos por consumos y servicios, así como también, con cortes del servicio de agua en Saltillo, Coahuila.

«La única garantía que Odebrecht y la empresa Interagbar de México tienen con los veracruzanos es cobrarnos los malos manejos de otras administraciones que llevaron al quebranto al sistema, así como el probable incremento en las tarifas del servicio de agua potable para los próximos 30 años».

En rueda de prensa, efectuada en un restaurante de la ciudad, el perredista indicó que el próximo miércoles se someterá a votación en el Congreso local el otorgamiento de la concesión a dichas compañías.

«Hoy el Congreso local ya cambió a modo lo que puede regular de las concesiones y esto es que el Congreso de manera directa va a poder entregarle la concesión a esta empresa que hasta el momento no ha turnado el órgano de gobierno del SAS al Congreso local, tiene esta semana precisamente, estamos a tiempo para que valoren y retiren la concesión a estas empresas».

Los regidores reconocieron que al pronunciarse en contra de la privatización del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) afectarían intereses políticos y económicos; sin embargo, dijeron que hasta el momento no han sido intimidados por parte de alguna autoridad.

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