Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Domingo a domingo, con puntualidad inglesa, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ofrece conferencia de prensa, al término de su reunión de evaluación sobre seguridad. *** Salvo circunstancias excepcionales, su discurso ha sido siempre el mismo: “Me congratula informarles que una vez más registramos un descenso en las cifras de incidencia delictiva, en casi todos los rubros y en casi todas las regiones en las que hemos dividido, para su atención, al estado de Veracruz”. *** El pasado domingo repitió su cantaleta y aunque admitió que en Xalapa se había dado una ejecución (en una zona comercial dedicada a la venta de piratería) y que este tenía que ver con un caso de extorsión, advirtió que ese caso se había registrado “después del corte” que se hacía para analizar los avances en el combate a la delincuencia. *** Pero los hechos demuestran que el asesinato a tiros de una persona el pasado sábado en el mercado Rendón de Xalapa, no es un caso aislado, sino producto de una guerra entre bandas delictivas que buscan apoderarse de la plaza. *** Estos hechos suelen darse cuando los grupos del crimen organizado perciben que no hay Ley, que los responsables de brindar la seguridad prefieren voltear hacia otro lado cuando se cometen los delitos. *** Este martes fue un día especialmente complicado en Xalapa. Por la mañana, minutos después de las 9 horas (hora pico por la entrada a clases y al trabajo) en la colonia Ferrocarrilera se suscitó una balacera entre presuntos asaltantes y elementos de la Policía estatal. Por la tarde, cerca de las 15 horas, en la avenida Ébano, de la colonia Veracruz, varios sujetos dispararon contra el propetario de un taller eléctrico. *** Llama la atención que este nuevo homicidio (no dude que tenga que ver también con temas de “cobro de piso” o extorsión) se haya suscitado a muy corta distancia del registrado el pasado sábado, lo que permite suponer que se trata de una misma banda, la que se ha dado a la tarea de sembrar el terror entre los comerciantes de la zona, para obligarlos a pagar su “cuota”. *** ¿Esa es la seguridad que nos prometieron hace dos años?
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Cuentan, fuentes bien informadas, que hay marcado nerviosismo entre los altos mandos de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado. Le apostaron a que ganaba el “junior”… y perdieron.
Esta semana la Presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) Yoli García Álvarez, dio a conocer que ese órgano autónomo presentó una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado (FGE), por el delito de incumplimiento de un deber legal, en contra del titular de la Unidad de Transparencia de la Coordinación de Comunicación Social, José de Jesús Rosales (por cierto, padre de la senadora electa plurinominal y extitular de la Sedesol Indira de Jesús Rosales) a quien ya antes se le había aplicado una multa que no pagó.
La medida es lo de menos, por el momento. El “fiscal carnal” se encargará de archivar la denuncia. El problema es lo que vaya a suceder, no sólo con el padre de la senadora, sino hasta con el titular de esa dependencia, Elías Assad Danini, una vez que sea removido de su cargo Jorge Winckler.
Son múltiples las irregularidades en las que han incurrido los directivos de esa oficina en los poco más de 20 meses que llevan de gestión. La más evidente, que personal de esa dependencia (reporteros, fotógrafos, camarógrafos, choferes y hasta elementos de logística) se sumó a la campaña del candidato a la gubernatura Miguel Ángel Yunes Márquez.
Lo hicieron con oficio de comisión y siguieron percibiendo su salario en el gobierno estatal, lo que ya está siendo investigado.
El propio titular de la dependencia se incorporó a esa misma campaña, aunque él sí cubrió la formalidad jurídica y presentó su renuncia al cargo, que recuperó una vez que se supo que su candidato había sido derrotado.
El caso de don Jesús Rosales no es menor. Este servidor público se ha negado en forma sistemática a proporcionar la información sobre los convenios publicitarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Por tal omisión también le resulta responsabilidad a la contralora interna de esa dependencia, Angélica Salazar.
Opacidad en las oficinas que tienen como responsabilidad la difusión de las acciones del gobierno estatal.
Así son las cosas en este gobierno “del cambio”.
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Epílogo.
Este martes el periódico El Universal llamó la atención sobre la posibilidad de que en el caso que lleva la PGR en contra de Javier Duarte de Ochoa, la defensa del ex gobernador de Veracruz aplique una estrategia similar a la que permitió la absolución de la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo. *** “Uno de los argumentos utilizados por el magistrado del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal en la Ciudad de México para ordenar la liberación de Gordillo Morales fue emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en noviembre de 2017, el cual establece que para sus investigaciones, el Ministerio Público debe solicitar a un juez su autorización para obtener información bancaria sobre las personas sobre quienes realiza sus pesquisas”, explicó el periódico de cobertura nacional. *** En realidad la propia PGR anticipó que ese vicio en la investigación era delicado y desde principios del presente año se encargó de enmendarlo. *** El 18 de enero, la PGR pidió al juez autorización “para indagar en nuevos datos bancarios del exgobernador de Veracruz”. La defensa argumentó que no fueron notificados con 48 horas de anticipacion, como marca el Código Nacional de Procedimientos Penales y el juez le dio la razón a los abogados de Javier Duarte. *** Por esa pifia del Ministerio Público, la PGR tuvo que solicitar una ampliación al plazo para la investigación, con el fin de incorporar al proceso los datos recabados en los bancos, datos que ya poseían, pero que no habían obtenido mediante la anuencia del juzgador. *** Hace dos años el Congreso local impidió que el gobierno que encabezaba Javier Duarte “donara” al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) diez bienes inmuebles, incluída la Casa Veracruz, el Velódromo, el parque Doña Falla y el Museo Interactivo de Xalapa. Ahora es la administración de Miguel Ángel Yunes Linares la que pretende hacer lo propio. Por lo pronto el ayuntamiento de Veracruz (que encabeza Fernando Yunes, hijo del gobernador) pretende apropiarse del Auditorio Benito Juárez y el parque Cri Cri, mkientras que el alcalde de Boca del Río, Humberto Morelli, le ha puesto los ojos al balneario de Mocambo y a la casa museo Agustín Lara. *** Ya Cuitláhuac garcía anticipó que, en caso de que estas “donaciones” se lleven a cabo, serán revertidas en la próxima Legislatura.
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