Dudar de origen de la legitimidad de un funcionario público que debería estar blindado contra cualquier gesto de desconfianza, es ya una paradoja. Designar a un Fiscal Anticorrupción del que se espera se corrompa a favor de quien lo designó, es otra paradoja. Que lo designe una legislatura saliente, para que la entrante lo renuncie, esa es otra paradoja. La administración entrante solicita a la saliente, vía el líder estatal del partido que ganara las elecciones, que se deje de trabajar, que se dejen las cosas como están, como si el plazo de los dos años del gobierno de Yunes Linares hubiera fenecido el primero de julio; eso no se puede pedir.
Lo que se puede pedir es que se actué con responsabilidad y congruencia. La pugna por la designación o no de un Fiscal Anticorrupción no tendría razón de ser en un país donde la política fuese un ejercicio de diálogo y la concertación. ¿Quién debería designar al Fiscal Anticorrupción? ¿Los que llegan o los que se van? Si la rectitud del fiscal por designarse fuera inquebrantable, no importaría quien lo designe. Una vez hecho Fiscal Anticorrupción, el funcionario público estaría a la orden de los intereses de la ciudadanía, no a los intereses de quien lo designó.
Si lo designan los que se van, la desconfianza es que se ponga a las órdenes de ellos; si lo designan los que se quedan, la desconfianza es que se ponga a las órdenes de los que se quedan. Entonces, ¿para qué un Fiscal Anticorrupción estigmatizado de origen? Si cabe la prudencia, los que se van deberían dejar que el fiscal lo designe los que llegan; deberían dejar que los ciudadanos emitamos nuestro juicio sobre el actuar del nuevo fiscal.
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