Juan David Castilla Arcos / Xalapa, Ver. Los 212 municipios de Veracruz enfrentan juicios laborales por violaciones a los derechos de los empleados de cada ayuntamiento.
Estos problemas se arrastran desde los sexenios priistas de Miguel Alemán, Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa; los dos últimos, los más infractores.
Y es que ni el gobierno del estado, ni los ayuntamientos, pagaban “un solo peso” emanado de órdenes judiciales.
Lo anterior, pese a que recibían recursos federales etiquetados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).
Una de las etiquetas corresponde al Saneamiento de Pasivos Judiciales, situación que no deben dejar de lado los ayuntamientos.
De acuerdo con Juan José Llanes Gil del Ángel, abogado de la Firma Viades, Llanes y Asociados, durante el duartista y el fidelismo se registraron los mayores problemas al respecto.
Duarte de Ochoa dejó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje sin la posibilidad de ejecutar laudos.
«Es un tribunal, al cual el gobierno de Javier Duarte le quitó los dientes, el gobierno de Javier Duarte tomó la decisión de que el tribunal no tuviera medios para hacer cumplir sus resoluciones».
El tribunal solo tenía la facultad de imponer multas inferiores a los dos mil pesos; correspondían a aproximadamente 15 días de salario mínimo.
«Tímidamente había la posibilidad de estarlos multando, con multas de aproximadamente dos mil pesos. Esa era la única situación».
23 municipios con laudos
Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) habilitó la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales, para hacer cumplir sus resoluciones, pudiesen ejecutar órdenes de aprehensión.
«Desde hace muchísimo tiempo la suprema corte debió haber habilitado esa posibilidad, lo hizo hace no mucho».
Luis Alberto Viades Blanco, también integrante de la firma de abogados mencionada, revela que 23 ayuntamientos deben cumplir laudos y no lo han hecho. Se trata de casos que patrocina el bufete de abogados mencionado.
Explica que todos expedientes llevan un número y en ese orden el Tribunal de Conciliación y Arbitraje va resolviendo y emitiendo acuerdos.
«También están sujetos a lo que la Junta federal determine, no es que digamos que le caiga a un ayuntamiento porque nos cae mal o porque es panista o es priista. No depende de nosotros, si por nosotros fuera, todos estarían bajo la misma circunstancia».
A su juicio, nada tiene que ver el proceso electoral con los dictámenes que han sido ejecutados por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz.
En tres municipios de Puebla, Estado de México y Tabasco fueros destituidos los ediles por no liquidar conforme a derecho a extrabajadores.
En el caso de Veracruz hay laudos vigentes en Las Choapas, Fortín, Juchique de Ferrer, Naolinco, Actopan, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Tlapacoyan, Coatzintla, Hidalgotitlán, Texistepec, Espinal, Sayula de Alemán, José Azueta, Hidalgotitlán, Juan Rodríguez Clara, Tlacojalpan, Tres Valles, Villa Aldama, Yecuatla, Tepetlán, Soteapan, Cazones de Herrera, Juchique de Ferrer, Ixmatlahuacan, La Antigua, Chinameca, Tecolutla y otros municipios.
Necesaria detención de alcalde de Banderilla
Y es que existen dos órdenes para detener y presentar a cuatro ediles del ayuntamiento de Banderilla ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje por laudos.
De acuerdo con Llanes Gil del Ángel, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a cargo de Jaime Téllez Marie, se niega a dar cumplimiento a lo dictaminado hace un mes por el Juez Segundo de Distrito en el Estado.
El alcalde Juan Manuel Rivera González; la síndica Nieves Vérula Zayas Uncal; la regidora primera Carmen Yadira Coronel del Ángel; y el regidor Segundo Isaac Morales Medina, tienen que ser arrestados 18 horas por cada uno de los dos laudos incumplidos.
Se trata de los laudos dictados en los juicio laborales 088/2005-IV y 479/2003-I: el primero a principios de abril y el segundo a finales del mismo mes.
Cree que el gobierno estatal no ha actuado porque se trata de ediles de su misma coalición electoral “Por Veracruz al frente”, entre el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).
Y es que Téllez Marie envió solo a un policía al ayuntamiento de Banderilla para detener a los cuatro ediles; sin embargo, ellos organizaban la feria y, por ello, no fueron encontrados en sus respectivas oficinas.
«El argumento es que mandó a un elemento y le dijeron que los ediles no estaban porque organizaban la feria. Ya acabó la feria, que los detengan», enfatizó.
El abogado desconocía el partido político de los funcionarios municipales hasta que vio la orden de aprehensión.
«Hasta que vi la orden no sabía de qué partido era porque es jurídicamente irrelevante, pero en los hechos vemos que sí es relevante».
El integrante de la Firma Viades, Llanes y Asociados rechaza que la exigencia para la aplicación de justicia en los dos laudos sea un tema electorero.
«Hay un doble discurso, mandan a detener a una persona, lo cual celebramos, y saltan a decir que no es un tema electorero, pero los ciudadanos cuestionan porqué no han detenido a los otros».
Desquician sistema judicial
A su parecer, sí existe una orden judicial y ésta no se cumple, se desquicia el Sistema de Justicia del Estado, se violenta el derecho humano de acceso a la justicia.
«l acceso a la justicia comprende no solamente la posibilidad de acudir a un tribunal y de que haya un tribunal y de que alguien me reciba una demanda, el derecho humano de acceso a la justicia comprende también la posibilidad de que se ejecute la decisión de un tribunal».
De lo contrario, comenta, los tribunales en nada estarían contribuyendo para garantizar la aplicación de la justicia.
«Lo que tendríamos que hacer sería desmantelar los tribunales y tener cada uno un garrote para hacernos justicia por propia mano, eso no puede ser en un estado civilizado».
Considera que no es electorera la decisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de mandar a detener a quienes incumplen los laudos.
«Es electorera la decisión del Secretario de Seguridad Pública de no hacerlo, a pesar de tener una orden, eso sí es electorero».
Y es que el Juez Segundo de Distrito en el Estado vinculó al titular de la SSP al cumplimiento del fallo del tribunal.
«Ante la existencia de un fallo no cumplido por parte de ayuntamiento de Banderilla, nos vimos en la necesidad de recurrir al Poder Judicial de la Federación, mismo que conminó al tribunal de Conciliación a que haga cumplir su resolución, el tribunal de Conciliación le informa al juez de distrito y ya ordené detener a los ediles de Banderilla y el juez cuestiona por qué no están detenidos, porque el titular de la SSP no lo ha hecho», agrega Llanes Gil del Ángel.
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