José Ortiz Medina / “Van por Karime y parece que será pronto”. Así rematamos nuestra columna del 21 de este mes que está por terminar.
Y este domingo, se cumplió el vaticinio. El Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz dio a conocer en conferencia de prensa que el órgano autónomo a su cargo detectó mediante una investigación, un probable daño patrimonial al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Veracruz, por un monto superior a los 112 millones de pesos, bajo la administración de Karime Macías Tubilla y/o Karime Macías de Duarte.
Winckler Ortiz afirmó que “se ha logrado determinar que recursos de esa institución se utilizaron para suscribir y pagar contratos de compra venta con seis empresas inexistentes, conocidas como empresas fachada o empresas fantasma, para la supuesta adquisición de equipo médico, productos multivitamínicos, sistema de purificación de agua, sistemas de captación pluvial, sanitarios biodegradables, artículos electrónicos, paquetes escolares y otros, sin que exista evidencia de que hayan sido entregados a la población vulnerable que debió atender esta dependencia”.
El titular de la FGE afirmó que esta cantidad no es el total del daño causado, el cual será determinado en su totalidad en la etapa procesal correspondiente, toda vez que continúan su curso las investigaciones que efectúa la FGE sobre contratos y recursos públicos ejercidos por el DIF en la pasada administración gubernamental, las cuales se integran en diversas Carpetas de Investigación acumuladas.
Por lo tanto, el pasado día 25 del mes en curso, un Juez de Control del fuero común giró la correspondiente orden de aprehensión en contra de quien presumiblemente ordenó los actos ilícitos que redundaron en el daño patrimonial, al considerar la existencia de elementos suficientes que presumen estas conductas.
Precisó que en las próximas horas la FGE solicitará a la Procuraduría General de la República el establecimiento de una Alerta Migratoria y publicación de Ficha Roja para efectos de búsqueda, localización y detención en el extranjero, toda vez que se tiene conocimiento de que Macías Tubilla abandonó el país desde hace algunos meses.
En nuestra columna del 21 de mayo, subrayamos que “no tardando la FGE podría solicitar a la PGR que solicite al gobierno británico la extradición de la ex primera dama que, de acuerdo con carpetas de investigación, habría sido la orquestadora, junto con su marido, de una amplia red de corrupción. Baste citar por ejemplo el famoso diario hallado en una bodega de Córdoba en el que no sólo sobresalía el ya famoso mantra de “Yo merezco abundancia”, sino que también fueron notorias las anotaciones en las que quedaron de manifiesto la listas de pendientes a realizar, entre los que destacaban depósitos de fuertes sumas a Janeiro y otros tantos prestanombres de Javier Duarte”.
Asimismo, destacamos en esa ocasión que “es muy probable que a estas alturas, la Fiscalía General del Estado esté terminando de armar el expediente sin descuidar el más mínimo detalle, para que la defensa de Karime no se salga por la tangente o recurra a una argucia legal. Si bien es cierto que la ´femme fatal´ no fue servidora pública sino que sólo ostentó un cargo honorario en el gobierno, como Presidenta del DIF estatal, también lo es el hecho de que habría tenido gran injerencia en áreas clave como la Coordinación General de Comunicación Social, Secretaría de Seguridad Pública (se le atribuye la creación de la corporación “Fuerza civil”), Secretaría de Salud, Sefiplan, SIOP, Sedesol, Protección Civil, Radiotelevisión de Veracruz, el mismo DIF estatal en lo que concierne a las adquisiciones o prestaciones de servicios, entre otras dependencias. Podría haber evidencias en llamadas telefónicas o mensajes con un lenguaje cifrado no muy complicado de desentrañar. Asimismo, podría haber testigos protegidos que aportarían valiosa información. O mínimo, se le podría tipificar el delito de lavado de dinero, pues sus egresos podrían no corresponder con sus ingresos”.
Este domingo ocurrió lo que con una semana anticipamos.
Por supuesto que no faltan quienes traten de darle un tinte electorero a esta orden de aprehensión en contra de la ex primera dama, como si la impartición de justicia tuviera que suspenderse durante los procesos electorales.
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