Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Aquí mismo se advirtió: Los conflictos del ayuntamiento de Alvarado con los desarrolladores inmobiliarios, en la Riviera Veracruzana ya estallaron. *** Este martes autoridades municipales retiraron las plumas que restringían el acceso al fraccionamiento “Lomas Residencial”, en atención al mandamiento del Juez Segundo Civil de Primera Instancia, quien ratificó que la avenida que atraviesa esa unidad habitacional es “una vía municipal, de libre acceso” y que se debe permitir el paso a quienes pretendan acceder a otro fraccionamiento (de nombre “Mandara”) que se ubica justo atrás de “Lomas Residencial”. *** Inconformes con la irrupción, los vecinos salieron a la carretera que conduce a Antón Lizardo y la bloquearon, exigiendo la presencia del alcalde Bogar Ruiz. Sin embargo, antes de que el Presidente Municipal llegara, elementos de Seguridad Púbica del Estado acudieron hasta ese sitio y por la fuerza desalojaron a los vecinos, e incluso detuvieron a varios de ellos (entre otros, al periodista Rogerio Pano). *** La noche del mismo martes el alcalde de Alvarado y los directores de diversas áreas del Ayuntamiento dialogaron con los vecinos inconformes, en busca de alternativas para atenuar el impacto al fraccionamiento. *** El tema se pudo haber solucionado por la vía del diálogo. Los vecinos de “Lomas Residencial” tienen elementos para denunciar al fraccionador que les vendió sus lotes como un supuesto “fraccionamiento privado” que al final no lo fue, y el Ayuntamiento habrá de garantizar a esa zona el acceso a todos los servicios municipales. *** Lo que provocó este estallido social fue la actitud violenta y prepotente de la policía estatal, que no se detuvo por la presencia de niños o personas mayores y arremetió contra todos los que protestaban. *** Pero si ya conocen al gobernador, ¿qué podían esperar?
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Los senadores priistas no quitan el dedo del renglón. Han montado una campaña contra el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, que en lo jurídico no tendrá consecuencia alguna pero –calculan- en lo mediático le puede ayudar a su compañero Pepe Yunes.
Este martes el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara Alta planteó un punto de acuerdo para exhortar al gobierno de Veracruz y a la Fiscalía General a “fortalecer sus medidas de control interno, seguimiento y respeto a los protocolos de actuación policial y de investigación, a fin de prevenir, identificar y sancionar la desaparición forzada de personas y la tortura por parte de los elementos de procuración e impartición de justicia, ante el incremento de denuncias de su involucramiento”.
En opinión de los senadores priistas, el estado de Veracruz presenta “una severa crisis” en materia de seguridad, “marcada por el incremento sostenido de delitos como el secuestro, la extorsión, el robo de vehículos, homicidios y la desaparición forzada de personas”.
Los legisladores retomaron los datos aportados por el informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común, que presentó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que se establece que durante el 2017 Veracruz se ubicó en el segundo lugar nacional entre las entidades con el mayor número de secuestros y el quinto sitio en homicidios.
Mientras la Fiscalía de Veracruz exhibe en todos los medios de comunicación el proceso que sigue contra exmandos policiacos (de la administración de Javier Duarte) por el delito de Desaparición Forzada, nada ha hecho para resolver los casos que exhibieron los senadores:
El 21 de julio de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió sobre la desaparición de personas y el uso de métodos degradantes a la dignidad humana en un campo de tortura empleado por la delincuencia y custodiado por la policía de Veracruz.
El 3 de febrero de este año, al menos tres personas desaparecieron en el puerto de Veracruz. Sus familiares cuentan con testimonios e indicios que permiten concluir que en su desaparición, estuvieron involucrados elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, ya que lo último que conocen de ellos, es que fueron detenidos por una patrulla de la policía estatal.
Ese mismo día desapareció de la zona del Acuario, en el puerto de Veracruz, un joven egresado de la Universidad Veracruzana quien se dirigía a una convivencia con amigos. A pesar de que este caso se denunció con oportunidad, la Fiscalía no presenta avances.
Y apenas cuatro días después, el 7 de febrero, en Río Blanco desapareció una persona cuando se trasladaba a bordo de su vehículo. En estos hechos también están involucrados policías estatales.
“En algunas demarcaciones, como Papantla, se ha reconocido la coparticipación de las autoridades estatales, de elementos de Seguridad Pública, de la Fiscalía General y del propio Ayuntamiento con el crimen organizado para la detención arbitraria y desaparición forzada de al menos tres jóvenes”, denunciaron los senadores.
En el punto de acuerdo que plantearon los priistas, se le exhorta al gobernador y a la Fiscalía General a que “amplíen, incrementen y fortalezcan sus medias de control interno, seguimiento y respeto a los protocolos de actuación policial y de investigación, a fin de prevenir, identificar y sancionar la desaparición forzada de personas y la tortura por parte de los elementos de procuración e impartición de justicia”.
Por supuesto, senadores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano rechazarán tal propuesta y, en caso de que llegara a pasar, sería “archivada” por Miguel Ángel Yunes Linares.
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Epílogo.
Enrique Cambranis Torres, exdirigente estatal del PAN y quien fuera coordinador de la bancada panista en el Congreso local, del 2004 al 2007, aparece en la primera posición de la lista de candidatos a diputados locales por la vía plurinominal. Cambranis Torres compitió por una posición de representación proporcional en la Cámara de Senadores, pero en la negociación y para apoyar a Ricardo Anaya, optó por ceder su posición y retornar a la Legislatura local. En esa misma lista aparece Sergio Hernández en la quinta posición, quien además la buscará por la ruta de la mayoría relativa, de manera que si no es una, será la otra pero él continuará en el Congreso. *** Los diputados locales panistas que buscarán en las urnas su reelección, además del propio Sergio Hernández, son Rodrigo García Escalante, María Elisa Manterola, Josefina Gamboa, Bingen Rementería, Juan Manuel de Unanue y Gregorio Murillo. *** No fue extraditado, pero el gobierno de España lo deportó. Nos referimos al contador Javier Nava Soria, pieza clave en el juicio contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Nava Soria fue deportado este martes de España y detenido una vez que pisó suelo mexicano, confirmó la PGR.
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