Juan David Castilla Arcos / Xalapa, Ver. La Ley de Seguridad Interior podría formar parte de una estrategia gubernamental para contener movimientos sociales, ante un posible fraude electoral el año próximo.
Así lo consideró el investigador de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez, quien añadió que lo anterior pudo planearse para favorecer al candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade Kuribreña.
«No estoy de acuerdo con que proceda la ley de seguridad interior, porque todo indica que es una especie de articulación política en favor de uno de los candidatos, principalmente del PRI».
El académico del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIHS) señaló que en México no hay antecedentes de elecciones presidenciales «limpias».
«Tenemos un problema porque se echaron a andar reformas, entre ellas la reforma energética, entonces todo indica que la ley de seguridad interior tiene que ver más con un marco legal de acción de los militares como una especie de estrategia de contra insurgencia».
Aguilar Sánchez mencionó que el gobierno pretende generar un marco legal negativo contra el candidato presidencial del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador.
«Parecería que uno de los sectores económicos y de la clase política del país lo que quiere es cómo asegurar que si se genere un fraude haya todas las condiciones adecuadas para que la gente ni se movilice, crear las condiciones de miedo, más que de seguridad, de inseguridad».
El especialista consideró que la iniciativa debe ser rechazada por los diversos sectores de la población y, por ello, debe fortalecerse el movimiento social en contra de la misma.
Comentarios