Aurelio Contreras Moreno / Esta semana, el reportero Jair García y el diario La Jornada Veracruz se anotaron un gran hit noticioso con la revelación de un decreto que el gobierno del estado se sacó de la manga para, de un plumazo, desconocer toda la deuda institucional con proveedores que se arrastra desde la administración de Javier Duarte de Ochoa.
Y no es poca cosa. Se trata de una deuda por 11 mil 38 millones 504 mil 824 pesos con constructores y prestadores de servicios varios, que venían exigiendo desde la administración de Duarte de Ochoa un pago que jamás se concretó, y que el nuevo mandatario, Miguel Ángel Yunes Linares, hasta hace unos pocos días afirmaba que sí liquidaría tras hacer una revisión de los casos para asegurarse de que el servicio efectivamente se hubiese prestado a satisfacción.
Pero resulta que el gobierno del “cambio” nunca estuvo dispuesto a pagar absolutamente nada. O al menos eso puede inferirse cuando el decreto que “desaparece” como por arte de magia la deuda, está fechado el 30 de diciembre de 2016, fecha en la que el gobierno yunista no tenía ni siquiera un mes de haber iniciado funciones.
Aunque de acuerdo con la nota de Jair García, éste y todos los demás 16 decretos fechados ese mismo día habrían sido publicados en la Gaceta Oficial del Estado hace apenas unas semanas y por eso nadie tenía conocimiento de su existencia, lo que entonces representaría una “chicanada” de la administración yunista.
Como resulta obvio, los empresarios a los que se les adeuda, y que de por sí ya estaban al borde de un ataque de histeria, pegaron el grito en el cielo. El presidente de la Canaco Xalapa, Gerardo Libreros Cobos, anunció que sus agremiados ya presentaron demandas por las vías civil y mercantil en contra del gobierno de Veracruz, ya que absolutamente nadie en esa administración los recibe ni le da una explicación siquiera.
A su vez, el presidente de la Coparmex en la capital del estado de Veracruz, Luis Sánchez Ávila, advirtió que existen contratos firmados de por medio y la deuda pública está registrada, razón por lo cual el gobierno estatal no puede desentenderse.
Pero sí se desentendió. El gobernador Yunes Linares se negó a tocar el tema con la prensa y en la Secretaría de Finanzas y Planeación las puertas siguen cerradas para los acreedores, muchos de los cuales de plano ya dieron por perdido su dinero y juran que nunca volverán a trabajar para el gobierno veracruzano, al que además acusan de contratar empresas foráneas, no veracruzanas, para realizar la escasísima obra pública que se ejecuta en estos momentos en la entidad.
Si bien es cierto y se ha reconocido siempre, la más que adversa situación financiera por la que atraviesa Veracruz fue provocada por los saqueadores de las dos administraciones estatales anteriores, eso no puede servir de pretexto para desconocer compromisos que son institucionales y no personales. Y porque más allá de consideraciones políticas, esas empresas le dan –o le daban- trabajo y sustento a cientos de familias veracruzanas, y al reventarlas económicamente, las condenan a irse a la calle irremediablemente, como ya sucede.
Pero en el gobierno yunista prefirieron aplicar la de “debo, no niego”. Pero ¿pago? No me da la gana.
Y luego se preguntan por qué ha crecido la delincuencia común.
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