Después de que el equipo de reporteros y periodistas dieran a conocer el caso de La Estafa Maestra, donde más de 50 funcionarios están involucrados, uno alcanza a comprender por qué la premura para que los senadores aprueben la propuesta presidencial del Fiscal carnal. Y es que los abogados saben que el fiscal de la República será el agente cantante que llevará materialmente la dirección de la investigación criminal y el ejercicio de acción penal pública; es decir, es el responsable directo de conducir directa y concretamente en un proceso penal la culpabilidad o inocencia de algún presunto culpable o inocente.
Por eso el Gobierno Federal quiere un guardaespaldas, son muchos los que están preocupados por esta excelente investigación periodística del portal Animal Político. En muchos países, un fiscal no puede dirigir una investigación ni ejercer la acción penal pública sobre determinados hechos punibles (debiendo ser reemplazado), cuando se configura a su respecto una causa legal de inhabilidad, las cuales están generalmente fundadas en el interés particular en el delito o la amistad, enemistad o relación con los partícipes de tal hecho.
En el caso de Raúl Cervantes, su nombramiento como fiscal general de la nación es y debe ser severamente cuestionado; no sólo ha sido abogado del PRI, este personaje mantiene amistad con el propio jefe del Ejecutivo federal y demás miembros del gabinete. Por esa razón, la pretensión de eliminar el pase automático en su nombramiento sólo es una jugarreta política para tratar de limpiar el cochinero que han ocasionado el propio presidente de la República y sus senadores de bancada.
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