El Congreso de Veracruz no actuó de mala fe, actuó buscando una solución a los problemas que la administración pasada dejara. Esto lo decimos por el señalamiento que hace Ariel Álvarez, director de Desarrollo Regional de la Sedesol sobre el “permiso” que otorgara el Congreso veracruzano a los municipios para utilizar recursos de 2017 para obras inconclusas de 2016. La autorización otorgada por el Congreso tiene sentido.
Señala la diputada Daniela Griego que el gobierno de Javier Duarte dejó sin pago de participaciones a los municipios en los últimos meses de 2016. La diputada dice además que no fue una decisión arbitraria del Congreso pues se consultó con la Sefiplan y con el Orfis.
Sin embargo, no se deben desechar los argumentos del director de Desarrollo Regional, quien señala que la autorización de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal de 2017 fue un acto ilegal, por lo que los diputados podrían ser denunciados penalmente.
Esperemos que el agua no llegue al río, y que las autoridades competentes entiendan el contexto que se vive en Veracruz. Finalmente, los diputados actuaron de buena fe.
Mas que buena fe, es ignorancia la falta de conocimiento en la normativa, deben de tener bien claro que los recursos públicos operan bajo preceptos normativos.