Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
No lo dijo ninguno de esos “francotiradores de escritorio”, no fue ninguno de esos a los que “se les hace más sencillo destruir con un comentario, con una expresión, con una pluma”. *** No, no fue ninguno de ellos. Fue la coordinadora Nacional Antisecuestro, Patricia Bugarín Gutiérrez. Fue ella la que informó que Veracruz se mantiene entre los primeros diez estados con mayor índice de secuestros y que el sur de la entidad es considerado un “foco rojo” para las autoridades federales. *** Y le dio otro “palo” a nuestro gobernador. Bugarín Gutiérrez dijo que en 2016 “fue a la baja”, pero que en lo que va del presente año, la estadística relacionada con este delito “se ha mantenido”. Esto es, que esa mejoría conseguida el año pasado, durante el gobierno de Javier Duarte, ya no se mantuvo en este, con Yunes Linares al frente. *** El “foco rojo” es Coatzacoalcos, dijo, donde la Federación ha puesto mayor énfasis. *** Eso es lo que preocupa a los veracruzanos. Eso es lo que los medios deben colocar “a ocho columnas”.
* * *
Son varias las personas a las que he consultado sobre el perfil y las capacidades del Fiscal Jorge Winckler Ortiz y la mayoría de ellos coincide en que “es un buen abogado”.
Porque lo conocen, los que me han dado su opinión sobre él me aseguran que fue un alumno destacado y un brillante profesional del derecho.
Sorprende, por lo tanto, que se cometan pifias tan aberrantes en trámites judiciales que requieren del oficio, de la erudición de los fiscales que trabajan bajo las órdenes de Jorge Winckler.
El coordinador de los diputados priistas en San Lázaro, César Camacho Quiroz, con maestría y doctorado en Derecho por la UNAM; catedrático en su propia Alma Mater, pero también en la Universidad Anáhuac y en el Tec de Monterrey, ha exhibido en más de una ocasión las deficiencias que presentaban los trámites iniciados por la Fiscalía de Veracruz para solicitar el desafuero de dos legisladores veracruzanos (Tarek Abdalá y Alberto Silva).
Apenas este jueves, entrevistado en la capital del país sobre el curso que había seguido la solicitud de juicio de procedencia contra Alberto Silva Ramos, el diputado César Camacho respondió: “Ese asunto ha quedado sin efecto, justamente por la deficiencia de la actuación de la Fiscalía de Veracruz”.
Tuvo, pues, el mismo destino que el trámite previo, contra Tarek Abdalá. Se mandó al archivo por las inconsistencias detectadas en la solicitud de la Fiscalía.
Hay quien sugiere que a pesar de su brillante desempeño como abogado litigante, lo que le estaría pesando es su inexperiencia en el papel de Ministerio Público.
Quizá, pero no es la única teoría. Otros concluyen que lo han mandado a la guerra (jurídica, por supuesto) sin un buen fusil. Que sus expedientes están vacíos y sus conclusiones se sostienen con alfileres. Que ha recibido la instrucción (a pesar de la “autonomía” del órgano que encabeza) de gestionar los desafueros al estilo de Felipe Calderón: “Aiga sido como aiga sido”.
Esto nos remonta a teorías que manejaban desde los tiempos de Fidel Herrera, los servidores públicos que hoy son señalados de robarse el dinero de los veracruzanos. Su principal argumento de defensa es que no había forma de acreditar que los recursos desviados habían ido a parar a sus bolsillos (o a sus cuentas bancaras); que el desvío de recursos, en el peor de los casos, representaba una falta administrativa, toda vez que ellos podían demostrar que los fondos desviados habían sido aplicados en otras áreas de la administración estatal. No había, pues, peculado.
Otra máxima que hicieron propia, a partir del 2015, fue la planteada por el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, quien admitió: “Los ‘peces gordos’ no son los que firman, no son los que llevan a cabo la operación directamente, no aparecen. Se les puede acusar de deshonestos, pero no de tontos”.
Vayamos a otro caso emblemático para la Fiscalía General del Estado. Xochilt Tress (por una de esas situaciones que se dan al momento de registrar a un menor, el nombre de la extitular de Espacios Educativos es “Xochilt” con la “ele” antes que la “te”, distinto el nombre náhuatl que termina “tl”) fue detenida y vinculada a proceso, señalada de haber cometido el delito de “enriquecimiento ilícito”. En la audiencia de imputación, a petición de la Fiscalía, el juez de control dispuso una medida cautelar desproporcionada: prisión preventiva por dos años.
Por ese mismo delito fue vinculado a proceso Gabriel Deantes, quien fuera Oficial Mayor de la SEV, Subsecretario de Finanzas y Secretario del Trabajo en la administración de Javier Duarte. En su caso, el juez determinó que podía seguir el proceso en libertad, presentando bienes en garantía y una fianza, y con la obligación de acudir cada dos semanas a firmar el libro de control.
¿Cuál es la diferencia entre uno y otro caso?
Que el primero fue promovido y presentado ante el juez del fuero común, por la Fiscalía que encabeza Jorge Winckler. El segundo caso lo inició la misma Fiscalía, pero cuando estaba al frente de ella Luis Ángel Bravo.
Es de todos sabido que las medidas cautelares las impone el juez de control y que con la actual Fiscalía, en los casos abiertos contra exservidores públicos, la consigna que han recibido los juzgadores es que todos terminen en la cárcel, sin importar lo endeble de las acusaciones en su contra.
Eso no aplicaba antes.
Jorge Winckler es, pues, un fiscal implacable en el ámbito del fuero común, pero apenas un “tinterillo” cuando se trata de argumentar en el ámbito federal, o en el Congreso de la Unión.
Si sabe de derecho tanto como dicen, lo más probable es que él mismo esté consciente que sus gestiones en la Federación no habrán de pasar, pero al final no es eso lo que se busca, sino exponer en los medios a todos aquellos políticos que se llenaron las bolsas con el dinero de los veracruzanos.
Es una regla no escrita de la guerra sucia electoral: Cuando la información sea insuficiente para meter a la cárcel al enemigo, entonces hay que litigarla en los medios, donde la opinión pública condenará sin poner atención en los engorrosos detalles.
* * *
Epílogo.
Y ya aclaró el Fiscal Jorge Winckler porqué no ha procedido contra la esposa de Javier Duarte, Karime Macías. Explicó que ella nunca fue servidora pública, nunca tuvo cargo o salario en la administración estatal y, por lo tanto, los delitos que pudiera haber cometido no se encuadran en ninguna figura del fuero común. Winckler se asumió como vocero de la PGR y aseguró que esa instancia federal sí investiga a quien fuera Presidenta del DIF en Veracruz. ¿Cómo ven? *** Pero no todo es malo en la Fiscalía: Su titular informó que han sido hallados 262 cráneos en el predio del fraccionamiento Colinas de Santa Fe, identificado como un gigantesco panteón clandestino. Winckler dijo que los restos humanos fueron exhumados por la Policía Científica y se trabaja ya en los análisis de laboratorio. Hay un compromiso para entregar resultados de estos análisis en seis meses. De hecho ya se entregaron algunos resultados a familiares de desaparecidos. Confirmó que hay otros sitios donde se tiene información que pudieran existir más cuerpos, pero primero concluirán con las labores de búsqueda e identificación en Santa Fe. ¡Bien!
Comentarios