Rafael Pérez Cárdenas / Si aún viviera, el proceso que se sigue a Javier Duarte sería la envidia de Beto “El Boticario”. Sólo falta que en cada audiencia, como en cualquiera de los recordados shows del comediante, se anunciara que “ha llegado la hora cuchi cuchi; ha llegado la hora chimengüenchona; ha llegado la hora ya vas que chutas”.
Y conste que no es una irreverencia al sistema de justicia, sino al trato informativo que se ha dado al caso. Revelar nombres y perfiles de amantes o la compra de joyería y los caprichos de Karime, no hacen más que banalizar un asunto que sigue encabronando a los veracruzanos. Las cifras que se han dado en estos casos personales llenos de frivolidad, son apenas migajas frente a lo que realmente se persigue.
¿Cuál es la intención de hacer públicas estas informaciones? No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que se intenta distraer a los ciudadanos agraviados –no sólo a los veracruzanos- de lo verdaderamente importante y que tiene que ver con la capacidad del Estado mexicano, de su sistema de justicia penal, y de las instituciones encargadas de operarlo, para investigar y castigar un desfalco de tal tamaño.
Durante meses, hemos escuchado que el quebranto financiero en Veracruz fue superior a los 70 mil millones de pesos; los nuevos funcionarios del gobierno estatal, entre ellos el actual director del IPE Hilario Barcelata hablaban de pasivos y obligaciones –deuda, pues- superior a los 200 mil millones de pesos, entre ellos, 45 mil millones a la Secretaría de Hacienda.
Así también, la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) dijo haber detectado desviaciones de recursos del Gobierno de Javier Duarte, por 35 mil millones de pesos, por lo que presentó 54 denuncias penales. El auditor Juan Manuel Portal Martínez se refirió al caso como el de la más alta cantidad de irregularidades detectadas en la historia de la esa institución.
Entonces, ¿porqué se le está vinculando a proceso sólo por 1 mil 670 millones de pesos que habría desviado a través de empresas fantasmas?¿Y lo demás? ¿De eso no hay pruebas que lo señalen? o sólo se trata de observaciones que nunca fueron solventadas y que se interpretan como si se hubiera clavado toda la lana?
Y lo que es peor aún. Que esta información no salió de las investigaciones documentales y auditorías financieras realizadas tanto por la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del Estado, sino que fue la declaración de testigos claves. Entonces, ¿no hubo forma de rastrear tal desvío de dinero y se tuvo que sostener la imputación sólo con la declaración de testigos?
El caso Duarte empieza a ser un verdadero dolor de cabeza para el gobierno federal, para los jueces y una oportunidad mediática para la administración estatal. Eso explicaría la presencia de la artillería pesada de la PGR durante la audiencia del pasado sábado, en el que las crónicas infieren que la suerte del ex mandatario podría haber cambiado.
Si Duarte va a la cárcel o en qué se gastó el dinero, empiezan a ser temas secundarios. Hasta sin importancia. El fondo es, nuevamente, si el Estado es capaz de investigar no sólo a Javier Duarte sino también a cualquier otro funcionario –como tantos ex gobernadores que están en capilla- que logre desviar tal cantidad de recursos sin que se pueda consolidar una prueba plena, acaso por una mínima parte.
Eso pondría en jaque al sistema de justicia y a sus instituciones, y sería una clara señal que si la corrupción se hace bien, se oculta la mano y se establecen las negociaciones adecuadas, se puede pasar por la vida y la administración pública con total impunidad.
En todo este embrollo alguien ha mentido deliberadamente. Las cifras no cuadran prácticamente para nadie. Los miles de millones de pesos que todos acusan, no se ven reflejados en las denuncias porque al parecer –lo que sería verdaderamente grave-, no han podido ser documentadas.
Es cierto, los más de 1 mil 670 millones de pesos son delito suficiente para pasar varios años en la cárcel, sin embargo, la sensación que quedará es que la corrupción es un proceso mucho más eficaz que la propia impartición de justicia. Eso enfurecerá a los ciudadanos y abrigará esperanzas a miles de servidores públicos que le han metido la mano al cajón.
¿O acaso Javier Duarte fue el único, sin la ayuda de nadie, que inventó las empresas fantasmas, simuló los contratos y adquisiciones, hizo las transferencias, llevó el dinero de un lado a otro, sin que jamás nadie se enterara? No es buena idea jugar con la inteligencia de los ciudadanos.
El caso ha tenido una gran renta política y económica para Miguel Ángel Yunes Linares. Por un lado, lo llevó a la Gubernatura del Estado, y por el otro, logró recuperar inmuebles que nadie sabe a dónde fueron a parar, aunque la opinión pública empieza a creer que a su peculio personal.
Su interés por ir a declarar como testigo no tiene otro propósito que recuperar la legitimidad perdida por un gobierno que no encuentra la brújula. La distracción también sirve mucho a sus intereses, por ello, aunque sabe que las grabaciones de los socios de Duarte serán pruebas que se desechen por ser obtenidas de manera ilegal, su contenido volverá a encender las pasiones de la aldea jarocha.
Si seguimos así, no debería extrañarnos que un día de estos veamos a Gina Montes en la silla del juez y a Chabelo en calidad de fiscal.
La del estribo…
- Tan polémico como conocedor de los entretelones del sistema, el chiapaneco César Augusto Santiago estará este miércoles en Xalapa para dialogar con los integrantes de la “Corriente Crítica Democratizadora”. La intención es socializar la posición que se adoptará rumbo a la Asamblea Nacional. La lucha entre rudos y técnicos empieza a tomar forma.
- Dice Felipe Restrepo, editor de Gatopardo, que es posible hacer periodismo de calidad si se paga bien al personal, brindándoles seguridad y sobre todo si hay una conciencia de grupo. «Debe haber un pacto entre los medios, así sean muy disímiles o diferentes en su ideología”. Por cortesía, alguien debió explicarle que venía a Xalapa.
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