Rafael Pérez Cárdenas / Mañana vence el plazo para que arranque formalmente el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Y qué creen? Pues resulta que Veracruz se encuentra en el último lugar de avance a nivel nacional, cuando precisamente esa fue la principal bandera de campaña del actual gobierno estatal.
Hasta ahora, el mecanismo anticorrupción ha sido un proyecto fallido. A nadie parece interesarle. A nivel federal, el Congreso aún alcanza un acuerdo para aprobar el nombramiento de un Fiscal Anticorrupción; la resaca de los resultados electorales –particularmente la pelea por la gubernatura de Coahuila- mantiene entretenidas a las cúpulas partidistas.
Y a nivel estatal el asunto es aún mucho peor. La apresurada reforma constitucional para establecer el sistema veracruzano anticorrupción –aprobada la semana pasada- no evitará que se incumpla con el acuerdo signado hace un año, por más que se quieran obviar procesos legislativos, los cuales por supuesto, podrían declararse inconstitucionales si alguien les hace la travesura de impugnarlos.
En Veracruz, el tema ha estado en la estufa desde hace más de un año. Recordemos que luego del resultado electoral adverso, el entonces gobernador Javier Duarte se pasaba noches enteras legislando a favor de tejer una red de protección que evitara precisamente las penurias que hoy está pasando.
Hizo modificaciones y nombramientos a modo, de manera acelerada, con el propósito de que el nuevo gobernador no tuviera herramientas jurídicas para perseguirlo. El propósito era que se encontrara con que los asuntos del desvío de recursos y el enriquecimiento ilícito, ya estaban juzgados.
Pero no contaba con que la propia Corte de Justicia de la Nación los declararía inconstitucionales y echaría por tierra toda la estrategia para blindar su salida, como también sucedió en Quintana Roo, donde el gobernador también ya se encuentra detenido.
A un día de que se cumpla el término para la armonización de los sistemas locales anticorrupción, Veracruz se encuentra en el último lugar de avance a nivel nacional. Este proceso consiste en la aprobación de una reforma constitucional, de una ley del sistema local anticorrupción, la creación del Comité correspondiente, la designación del Fiscal estatal y la integración del Tribunal. En el paraíso de la corrupción es normal que un sistema que lo evite no resulte del menor interés.
La información que arroja el semáforo de seguimiento a la implementación de los sistemas locales anticorrupción que fue creado con ese propósito por la Comisión del Senado que encabeza Héctor Yunes, señala que Veracruz y el estado de Chihuahua no han logrado concluir ninguna de las etapas del proceso –en nuestro estado, la reforma constitucional aún debe ser ratificada por los Ayuntamientos-, mientras que los estados de Querétaro, Sonora y Morelos se encuentran ya en sus etapas más avanzadas.
Ya no es un problema de Duarte y del gobierno anterior. En siete meses nada se hizo para armonizar el sistema -seguramente por el encono en contra de quien preside la comisión senatorial-, buscando evitar los contrapesos que el propio mecanismo representa. Al final, este gobierno sólo durará dos años, ¿para qué nos ponemos una camisa de fuerza?, habrán pensado.
La administración estatal acusará desde mañana que se trata de un tema que debió ser resuelto con oportunidad en el Congreso local, cuando todo el mundo sabe que los legisladores azulcremas no mueven un dedo sin su autorización, y si no que le pregunten a Sergio Hernández, el ex Presidente de la Comisión de Hacienda.
A nivel nacional, el tema anda apenas un poco mejor. De acuerdo con el artículo séptimo transitorio de la Constitución de la reforma del 2015, los sistemas anticorrupción de las entidades federativas deberán conformarse de acuerdo con las leyes generales que resulten aplicables, las constituciones y sus leyes locales.
A pesar de que formalmente el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) arranca este 19 de julio, aún el Senado de la República no ha designado a quien fungirá como fiscal. Además, la Cámara Alta tampoco ha elegido a los magistrados que formarán parte de la Tercera Sección de la Sala Superior y las cinco salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Y hay que sumarle que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no ha aprobado los formatos para que funcionarios públicos presenten en su momento sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.
Hasta hace poco, sólo nueve estados contaban con una ley anticorrupción: Baja California Sur, Puebla, Sonora, Aguascalientes, Morelos, Querétaro, Chiapas, Nayarit y Oaxaca. De acuerdo con el Semáforo de Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), sólo Baja California Sur tenía 100% de la implementación del sistema local, mientras que Veracruz es último.
A partir de mañana empezará el reparto político de culpas. Mientras, la corrupción galopa cual brioso corcel.
La del estribo…
- En nuestro gremio, la solidaridad suele ser un acto incomprensible, y por tanto, criticable. Lo asumo. En Formato Siete y TV Más siempre he tenido la más absoluta libertad de hacer mi trabajo, cosa que agradezco profundamente. Sin embargo, en solidaridad con el periodista Joaquín Rosas, he decidido retirarme del programa de televisión “Revisiones”, al cual me invitó muy generosamente Sergio González Levet. Extrañaré al aire –en lo personal, siempre estarán conmigo- el humor inteligente y el afecto de Sergio, Manuel, Eleaney, Quirino y Salvador. Yo seguiré, como desde un inicio, en Formato Siete, la que es y seguirá siendo mi casa, la que generosamente me han compartido Manuel Rosete y Álvaro Belin.
- En la columna de ayer, de manera imperdonable, olvidé referir el atributo más importante de la señora Amalia Delong Tapia: Edel Álvarez Peña, quien además de ser su esposo, trabaja como Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Y si le rascan un poco más, encontrarán a toda la parentela en la nómina estatal.
* Columna publicada en el portal Formato Siete
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