Arturo Reyes Isidoro / “No estamos en contra del gobernador estamos a favor de la legalidad”, me dijo ayer por la tarde el diputado local perredista Sergio Rodríguez Cortés.
Momentos antes le habían cortado la cabeza como presidente de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado por solicitarle al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares que cumpla “a la brevedad” entregando el ajuste de gastos, a la baja, a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de este año al que se comprometió y no ha cumplido.
En realidad su suerte la habían decidido desde la noche del lunes en la reunión previa de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) cuando –así me lo aseguró él– desde el Palacio de Gobierno le pidieron (le ordenaron) a la coordinadora de su bancada, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, que lo removiera de esa comisión.
Y es que en la previa, Sergio había solicitado que se le agendara para participar en la plenaria de ayer donde haría un exhorto al titular del Ejecutivo para que presentara información que como presidente de la Comisión de Hacienda del Estado le solicitaba.
En la sesión de ayer, no obstante que 25 de 48 diputados se abstuvieron de votar para que no lo removieran (los del PRI, Morena, Juntos por Veracruz y la panista María Josefina Gamboa Torales) y sólo 23 estaban a favor, la presidenta de la Mesa Directiva, María Elisa Manterola Sáinz, interpretó las abstenciones como que no se oponían y accionó la guillotina.
Al menos ya en su calidad de expresidente de la comisión de referencia (¡lo enviaron a la intrascendente secretaría de la Comisión de Turismo!) le permitieron que subiera a la tribuna donde leyó el anteproyecto de punto de acuerdo que había preparado y que enriqueció con videos que muestran al gobernador asumiendo compromisos.
Ya en corto, con sus propias palabras me interpretó lo que con mucha formalidad, tecnicismo e información, en forma impecablemente argumentada, había dicho en su documento: “Al no haber cumplido (el Ejecutivo) presentando el presupuesto a la baja por cada dependencia, no se sabe qué presupuesto tiene cada una y por lo mismo no le dan sus ministraciones mensuales, o sea, nada más les dan el gasto de su nómina pero no, por ejemplo, para viáticos, para la finalidad para las que fueron creadas, hay inmovilidad”.
Por todo ello, me explicó, no hay órden financiero ni planeación y por lo mismo ministraciones mensuales debido a lo cual las dependencias no tienen nada qué hacer.
“El gobierno reparte el dinero como quiere, los recursos se manejan de manera unilateral pues decide cada mes cuánto va a gastar cada dependencia; al no haber cantidad fija no sabemos ni qué se maneja ni cuánto, no hay claridad, transparencia”.
Y es que, me aseguró, recursos sí los hay, los baja la Federación. Dijo que cada trimestre se tiene que presentar un informe de balance presupuestal, y en el primero de este año, revisándolo, se dio cuenta que el Gobierno del Estado recibió 23,400 millones de pesos, por lo que se intuye que en el segundo obtuvo otra cantidad similar, de tal forma que en el primer semestre del año debieron haber llegado en total 46,800 millones de pesos, “pero de esa cantidad no sabemos cómo se ha distribuido. Sí ha habido dinero, no deja de fluir”.
En su exposición de motivos, el diputado Rodríguez Cortés había expresado que “al entrar en funciones esta Sexagésima Cuarta Legislatura, se vislumbraron cambios en la forma de interactuar con el Poder Ejecutivo”.
Recordó que ambos poderes se habían pronunciado principalmente por incrementar el diálogo democrático “reivindicando la transparencia en las actuaciones, combatiendo frontalmente la opacidad practicada a ultranza en todos los actos de gobierno que nos han antecedido, para así erradicar uno de los vicios en política que impiden conocer la realidad del uso, aplicación y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos”.
Había dicho que la rendición de cuentas para la administración pública es el eje rector de la actuación del servicio público e “implica, a estas alturas, un compromiso ético que es necesario para poder recuperar paulatinamente la confianza de los ciudadanos en los servidores públicos; en los políticos que toman decisiones por millones de personas. Los ciudadanos tienen derecho a saber el actuar de sus gobernantes”.
Mencionó que el pasado 28 de diciembre el gobernador acudió al Congreso y al cuestionar el presupuesto que había presentado su antecesor Flavino Ríos Alvarado había dicho que si lo aprobaba tal cual “el Congreso estaría autorizando implícitamente que se usen recursos federales etiquetados para pagar gasto operativo del Estado y con ello regresar a la práctica malsana que le causó tanto daño a Veracruz conocida como la licuadora”, y que por ello su gobierno no caería “en prácticas ilegales ni le solicitará al Congreso del Estado que apruebe un presupuesto que las induce”.
Pero señaló que al incumplirse con el ajuste de gastos a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos esa situación se estaba repitiendo, no obstante que había sido el propio gobernador quien había pedido en aquella fecha que se agregara un artículo transitorio al decreto de Presupuesto de Egresos que “permita al Gobierno del Estado, en un plazo que no exceda de 90 días, presentar la distribución por objeto del gasto y su clasificación económica a detalle, los cuales deberán precisar el ajuste al gasto que se aplicará al ejercicio fiscal 2017”, y que “El Poder Ejecutivo del Estado, en un plazo que no excederá de noventa días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá presentar ante el H. Congreso del Estado una propuesta de ajustes a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2017”.
Reconoció que al término del plazo de esos 90 días el Ejecutivo remitió un documento de tres páginas, pero que simplemente enumeró en su respuesta acciones, pero ningún análisis e información cuantitativa para comprobar qué y cómo se están corrigiendo los ajustes presupuestales en las entidades, dependencias y organismos autónomos de la administración pública.
También aceptó que si bien hacía referencia al proceso de reestructuración de la deuda pública, a excepción de dicha mención no se tiene todavía ninguna información a detalle de cómo va el proceso, sino que sólo enuncia diversas acciones que no reflejan ninguna cuantificación de su aplicación.
Otra cosa que comentó en la exposición de motivos que sustentaban su anteproyecto de punto de acuerdo es que sabiendo que es una realidad inobjetable el carácter deficitario de la Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de Egresos, se debe a que, “además de los actos de corrupción por desvío de recursos o probables desfalcos que se hayan cometido al erario, el Gobierno del Estado gasta más de lo que tiene de ingresos”.
No paró ahí. Expuso que de manera directa falta información para conocer de los ajustes presupuestales o asignaciones reales que se están destinando al Organismo Público Local Electoral del Estado (OPLE), a la Fiscalía General del Estado, al Tribunal Superior de Justicia del Estado, al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos personales, y a la Universidad Veracruzana. “No se conocen los ajustes a sus techos financieros de gasto”.
Casi para concluir me recordó que incluso en el caso del OPLE el organismo ganó una sentencia para que se le respete su presupuesto por lo que hay un mandato legal al respecto pero que no se cumple.
“Es necesario conocer documentalmente el déficit que refleje actualmente la comparación de los ingresos con los egresos reales del Gobierno del Estado, desglosados por rubros específicos”, expuso, y me dijo: “Mi actitud ha sido siempre clara, de transparencia, creo que no he tenido otra finalidad. Al gobernador sólo le pido que cumpla con la ley”.
Conocedor del sistema, apechuga
Político con mucha experiencia, el diputado Rodríguez Cortés aceptó sin chistar la acción en su contra. Sabe muy bien qué es y cómo se maneja el sistema y que si se oponía lo podían arrollar.
Se da por hecho que el castigo lo avaló o lo dispuso el mismo Secretario de Gobierno, su compadre y compañero de partido y de correrías políticas Rogelio Franco Castán, si no fue el propio gobernador.
Ello hace pensar que finalmente Sergio se irá al monte, posiblemente termine en las filas lópezobradoristas (ya colaboró con AMLO en el gobierno de la Ciudad de México) y espere la mejor ocasión para tomar desquite.
Pese a todos los señalamientos en contra que se le puedan hacer, su actitud de ayer sienta precedente en la historia política del Estado y lo significa. Nunca un diputado local había pedido cuentas a un gobernador en forma pública y menos con argumentos sólidos en mano y siendo de partidos aliados. Ese sí es un verdadero cambio.
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