En nuestro país siempre ha estado a discusión hasta qué grado un periodista que ejerce su libertad de expresión puede inmiscuirse en la vida privada de un sujeto. El debate ya lo hemos compartido y siempre llegamos a la misma conclusión: en la medida que el personaje se hace público, hace pública su vida privada o afecte los intereses de la sociedad con sus actos privados siendo funcionario público, en esa medida uno puede libremente señalar o denunciar a dicho sujeto.
Por ejemplo, es un asunto privado la compra de un auto, la elección del modelo y el color. Sin embargo, conociendo uno las percepciones salariales de este funcionario (la ley está obligada a brindarnos esa información) y notando que su salario u otras percepciones no le alcanzan para ese auto, casa, o cualquier otro bien, entonces el periodista está obligado a preguntarse ¿de dónde saca ese funcionario recursos para darse la vida que exhibe? Nos metemos en su vida privada porque en su corrupción el funcionario afecta los bienes comunes de nuestra sociedad.
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