Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Quizá la razón de tantas críticas para el titular del área administrativa del DIF estatal, sea que a él le ha tocado ser el “portador de las peores noticias”. *** Es a él a quien le toca la difícil labor de informar a los trabajadores de esa dependencia que “sus servicios ya no son necesarios”. *** Semana a semana Javier Marín Atristain, licenciado en Administración, egresado del colegio Cristóbal Colón, tiene que transmitir tan nefastas noticias a no menos de diez empleados. Apenas la semana pasada ocho trabajadores del DIF fueron notificados de que estaban dados de baja, y este lunes ya iban otros tres. *** Los comentarios del personal van en el sentido de que muchos de estos despidos se han dado para generar espacios para más “emisarios de Puebla”, estado del que provienen la actual directora del DIF, María Laura García Beltrán y una buena parte de sus más cercanos colaboradores. *** Es cierto que son muchos los servidores públicos despedidos; también es cierto que muchos se han ido debido al pésimo carácter y el comportamiento agresivo y soez de la directora. Efectivamente, muchos de los nuevos funcionarios llegaron de Puebla, pero también han tratado de incorporar a veracruzanos. El problema es la falta de “empatía” con la nueva titular. *** ¿El desempeño de la nueva administración del DIF? De regular a malo, y ante cada ineficiencia, siempre ponen como escudo a los que se fueron, una cantaleta que ya nadie les cree.
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Alma Aleida Sosa Jiménez, juez de control. ¿Le suena el nombre?
Sí, es la misma que vio el caso del exgobernador Flavino Ríos Alvarado. En esta ocasión le tocó estar al frente del proceso que se lleva en contra del exdirector de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) y suegro de Eduardo Vega Yunes (sobrino de Miguel Ángel Yunes Linares) Francisco Antonio Valencia García.
Este lunes hubo audiencia de control y la Fiscalía dio a conocer que abrió un proceso de Francisco Valencia por los delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado y coalición. La juez lo vinculó a proceso.
Lo que se supo es que la Fiscalía General del Estado tiene oficios en los que tanto Mauricio Audirac (en ese entonces secretario de Finanzas) como Carlos Aguirre (que fungía como subsecretario) le instruían al titular de CAEV que transfiera a cuentas de Sefiplan fondos que habían llegado de manera directa de la Federación a la Comisión del Agua.
Mostraron también oficios en los que Francisco Valencia ordena a Noé Rodrigo Hernández Hernández, quien era el subdirector administrativo de la CAEV, que realizara las transferencias solicitadas por Sefiplan.
No se debe pasar por alto que Noé Rodrigo Hernández es hoy el titular administrativo del Colegio de Bachilleres de Veracruz, cargo que asumió desde el inicio de la actual administración estatal, lo que lo ubica como protegido o informante de Yunes Linares.
El único alegato de la defensa de Francisco Valencia fue que éste sólo “cumplió órdenes”. Se prevé que en los próximos días se dé a conocer que un nuevo despacho jurídico se hará cargo de la defensa del extitular de CAEV, al parecer hasta el momento el que menos preparado estaba para hacer frente a un proceso penal.
Mientras tanto, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares salió a defender el tema del cateo a una residencia que –se supone- es el domicilio de Carlos Aguirre Morales.
El gobernador, que cuando le interesa se convierte en vocero de la Fiscalía, y cuando no le conviene se acuerda de que aquél es un organismo autónomo, explicó que debido al nuevo sistema penal era necesario avisar a los representantes jurídicos del exservidor público que se procedería al cateo, que tenía como único fin “determinar si Carlos Aguirre estaba presente, no para realizar incautaciones”.
Como el tema del “debido proceso” es cada vez más delicado, Yunes Linares también salió a aclarar que la filmación del cateo estuvo a cargo de personal del Poder Judicial (“no me ayude, jefe”, le habrá dicho Edel Álvarez Peña).
Así pues, lo que quiso dejar en claro el gobernador es que no hay ningún acuerdo “en lo oscurito” con Carlos Aguirre.
Lo que no se ha dicho es que desde hace mucho tiempo el domicilio cateado ya no es el lugar donde reside el exsubsecretario de Finanzas.
Desde que renunció a la administración estatal, dicen, se fue a vivir y trabajar en la ciudad de México, viendo –por cierto- temas personales de su amigo, el entonces gobernador Javier Duarte.
Cuando viajaba a Xalapa y tenía que pernoctar, se quedaba en otro domicilio, por cierto cercano al de Flavino Ríos Alvarado. Seguramente los informantes del gobernador habrán aportado con oportunidad esos datos.
Será interesante ver si en este proceso es llamado a cuentas el actual titular administrativo de Cobaev, servidor público que vio pasar a todos los titulares de la Comisión del Agua.
Con seguridad tendrá mucho qué aportar.
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Epílogo.
Lo sucedido el pasado domingo en una de las zonas más exclusivas de Xalapa (los fraccionamientos Valle Rubí, La Marqueza y Monte Magno) debe llamar a la reflexión. Elementos de la policía estatal y de la Gendarmería persiguieron y se enfrentaron a tiros con una banda dedicada al robo de residencias. El saldo fue de cuatro detenidos, mientras que dos más lograron darse a la fuga. Lo que ha trascendido en las horas recientes es que se trata de personas de nacionalidad peruana. *** Por lo pronto, la regidora titular de la comisión de Participación Vecinal, Leticia Amira Delgado Hernández, denunció que Seguridad Pública ha disminuido los rondines en las colonias de Xalapa y los delitos van a la alza. Mencionó que los jefes de manzana le expresaron su temor frente al incremento de la delincuencia y su inconformidad por la lenta respuesta de la policía estatal y de la Gendarmería. *** Ahí nada más para consignar la “percepción” ciudadana respecto a la inseguridad, lo que la gente ve es que mientras las colonias siguen abandonadas por las autoridades, un espectacular contingente policiaco fue trasladado al centro de Xalapa para desalojar a campesinos que reclaman atención a sus demandas. *** Cuando la autoridad policiaca se desentiende de la población para resolver temas de carácter político, el resultado es la represión. *** Un mes, al menos, ocupará José Luis Enríquez Ámbell la curul que deja, por enfermedad, Gerardo Buganza Salmerón en el Congreso local. Seguro estoy que hará un trabajo muy destacado. Siempre se preparó para una tarea como esa.
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