Emilio Cárdenas Escobosa / No hay mesa de café, reunión familiar o charla entre amigos que no tenga como tema la inseguridad que vivimos en Veracruz. El tópico compite con el del saqueo y la quiebra de las finanzas públicas dejadas por el prófugo Javier Duarte y sus cómplices. Todo mundo tiene algo que decir y para quejarse casi se arrebatan la palabra para opinar: que si la inseguridad y la ola delictiva son resultado de reacomodos entre bandas del crimen organizado; que si se está “midiendo” al nuevo gobierno del estado; que si la inseguridad es más visible en estos meses se debe a que los medios, a falta de convenios e incentivos, dejaron de ocultar información sobre los hechos delictivos, o saturan sus espacios con nota roja para “apretar” en busca de acuerdos económicos a la nueva administración; que esto no tiene remedio, que por tanto es mejor irse del estado. La gente tiene miedo y está muy preocupada. Teme por la seguridad de su familia y su patrimonio. Le teme al futuro.
Terrible y sobrecogedor saber que nuestro estado alberga el mayor número de fosas clandestinas halladas hasta ahora en el país, que en al menos una década el crimen organizado hizo de nuestra entidad un gran cementerio clandestino. Es una tragedia reveladora de complicidades y de la comisión de delitos de lesa humanidad que deben castigarse. La corrupción pudrió todo y la ambición y voracidad de quienes permitieron el asentamiento y operación de bandas criminales a cambio de dinero no puede quedar en lo anecdótico. El dolor y el reclamo de las madres y familiares de los desaparecidos merecen justicia.
Hoy nos habitan el miedo y la zozobra. Cuesta trabajo acostumbrarse al trastorno de la cotidianeidad por las medidas de seguridad, por el paisaje poblado de patrullajes militares, los rondines de vehículos de las policías federal o estatal con elementos fuertemente armados, el descubrimiento de más y más fosas con cientos de restos humanos, las desapariciones de jóvenes, los enfrentamientos, los muertos, las ejecuciones, los levantones, las extorsiones, los secuestros o una larga lista de delitos que no se denuncian por lo inútil que resulta.
No obstante, ¿deben sociedad y gobierno resignarse o rendirse ante el peso, influencia y amenazas de los criminales? Desde luego que no. La lucha contra el crimen organizado no debe admitir tregua. Pero la batalla tiene varios frentes y no se circunscribe a los operativos de inteligencia y de intervención de los cuerpos policiacos o militares. Tiene que ver de manera muy destacada con la estricta y genuina aplicación de la ley y la procuración efectiva de justicia, lo mismo que con el impulso a las tareas de profesionalización y depuración de los elementos de las estructuras de seguridad. Implica también avanzar en la modernización de los aparatos de inteligencia y seguridad que deben trascender el triste papel a que los han confinado como oficinas de policías chinos para que los funcionarios se espíen entre ellos con fines eminentemente políticos o espíen a periodistas o dirigentes sociales.
El desafío de la lucha contra la inseguridad exige de todos un gran esfuerzo, porque es necesario que con la misma decisión con la que demandamos la responsabilidad de todos los órdenes y órganos de gobierno en esta lucha, asumamos la parte que nos corresponde.
Cuando se habla de inseguridad, casi todo mundo habla de la corrupción policíaca, de aumentar las penas, de aumentar los sueldos de los policías, de adquirir los últimos adelantos tecnológicos en materia de seguridad y más cosas, sin embargo, perdemos de vista que el problema esencial está en la tolerancia que existe a la comisión de conductas ilegales, la que lamentablemente se fomenta muchas veces desde el propio seno familiar. Y si no véase el penoso caso del ex director del periódico La Prensa quien, acreditado para cubrir la reciente final del Súper Bowl en Estados Unidos, se le hizo fácil sustraer para su colección el jersey de la estrella de fútbol americano Tom Brady, hecho que recibió amplísima cobertura internacional y que, para desgracia de la imagen de los mexicanos en el extranjero, lo exhibió como un vulgar ratero. ¿Y qué pasó? Nada. Todo quedó en el despido del periodista de la empresa en que trabajaba y memes, bromas y chacoteo que trivializaron este hecho vergonzoso que debería hacernos reflexionar.
El problema de la inseguridad radica sin duda en muchos factores, pero esencialmente se ubica en una grave carencia de ética en la propia ciudadanía. Es un problema estructural que no se va a resolver solamente con militares, policías y armas de alto poder, ni con más leyes por más severas que sean, porque está íntimamente relacionado con la corrupción que aceptamos y propiciamos, con nuestra propensión a la transa, la ganancia rápida y con el menor esfuerzo, el admitir resignadamente nuestra falta de cultura y los graves rezagos educativos que nos lastran. La abulia por estar informados, por participar e involucrarnos en los asuntos públicos traza, sin lugar a dudas, una ruta sin salida para el estado de cosas actual.
Sin embargo, más allá de todo ello, cualquier acción de combate a la delincuencia que busque el éxito debe partir de un hecho simple y fundamental: que se castigue al que delinque, que pague a la sociedad todo aquel que quebrante la ley. Ni en Veracruz ni en el país puede ni debe haber tolerancia. Llámense como se llamen los infractores deben ser sancionados, lo mismo un secuestrador que un delincuente de cuello blanco, igual un narcotraficante que un gobernante o funcionario que ha saqueado el erario público, porque la impunidad prohíja más y más graves delitos
El artero asesinato del periodista Ricardo Monlui y la cadena de hechos violentos y crímenes que se contabilizan en Veracruz en estos primeros meses del año, representan una dura prueba para el gobierno del estado. Son, desde luego, manifestación de un problema que se incubó en la entidad en los últimos años con el tránsito y afincamiento de los cárteles de la droga en nuestro territorio; son herencias indeseables que recibió el gobernador y que ofreció combatir frontalmente en coordinación con las instancias federales. Ni perdón ni olvido ha ofrecido el gobernador Yunes Linares. Por el bien de todos que así sea.
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