Rafael Pérez Cárdenas / Luego de tanto circo mediático, los veracruzanos empiezan a perder su capacidad de asombro ante la crisis, reducen su expectativa de justicia y amagan con transitar de la furia e indignación en contra del duartismo fiel, hacia la una abierta frustración por la incapacidad –real o aparente- del gobierno del estado no sólo de castigar a los culpables de la barbarie jarocha sino también de resolver los problemas más inmediatos.
El proyecto sucesorio del Gobernador es lo que permea en cada decisión y marca la ruta de su agenda política personal. En función de ello, ejerce un gobierno que denuncia mucho y castiga muy poco; está pensando en la próxima elección y en la futura administración estatal, y para ello, ha demostrado que mantendrá una agenda mediática vinculada a la corrupción del gobierno anterior. Pero la gente se cansa…
Cada semana, como reloj suizo, ha ido soltando un nuevo escándalo. El de esta semana lo fue, y por mucho, la denuncia sobre el uso y administración de medicinas apócrifas no sólo en niños con cáncer, sino también en el tratamiento de otros padecimientos, pruebas de VIH-SIDA, entre muchos otros.
El tema ha alcanzado repercusión mundial. Nos coloca en el basurero de la historia no sólo por un gobierno que no tuvo límites en su corrupción homicida sino también en una sociedad inexplicablemente permisiva. Si no hay un castigo ejemplar tanto de las autoridades del gobierno federal como las del estado, estaríamos en el peor de los escenarios de la impunidad, tan grotesca como el delito mismo
Pero la justicia no llega. Se ha sabido por este gobierno de escandalosos saqueos y corrupción en entidades y dependencias, de la expedición de títulos apócrifos en la UPAV, de miles e ilustres aviadores en toda la nómina estatal, del enriquecimiento bestial a través del Seguro Popular… y de tantos otros. Pero la justicia no llega, es tan sólo un señuelo.
Y tal vez no llega porque, al menos para el gobernador, esa no es la prioridad. Requiere que mientras los veracruzanos ven con tristeza y frustración las cenizas del estado, el pueda operar lo que realmente le interesa: la política.
Y si quienes lo piensan así están equivocados, el mandatario estatal tiene una buena oportunidad de demostrarlo. Los escándalos han robado la atención –porque además, tampoco interesa a los ciudadanos lastimados por otras tragedias-, de la operación política que realiza para maniatar a los presidentes municipales, al órgano electoral y a los partidos políticos.
Y así mientras mantiene entretenida a la tribuna con cada nuevo escándalo, con cada declaración, con cada denuncia baladí, de manera soterrada empieza a operar sus fichas políticas y a hacer lo me mejor sabe: someter a las instituciones en función de sus inconfesables propósitos.
Muchos alcaldes –los priistas entenados, porque los hijos azules y amarillos gozan de cabal salud-, siguen sin tener dinero ni comunicación con el gobierno estatal. El trato que reciben de la Sefiplan, es el mismo que en su momento denunciaron los aliados del gobernador y que les valió como justificante para tomar por asalto el palacio de gobierno. ¿Permitirían hoy la acción que ellos mismos promovieron para adelantar su asunción? Difícil de creerlo.
La elección municipal está en marcha y el Gobernador ha cerrado la llave a sus adversarios y deja correr el manantial a favor de sus aliados. No se trata de un acto de calendario de entrega de participaciones, sino de evitar que los alcaldes operen políticamente su sucesión. A la falta de los recursos que les corresponden, ha iniciado la intimidación, y conforme se acerque la jornada, será la persecución la que los marque. Los escándalos de entonces serán cortesía de los Ayuntamientos no alineados.
Es el mismo escenario que hoy opera en el órgano electoral. Tiene dinero sólo para lo indispensable, y si bien la organización y desarrollo de la elección municipal no está en riesgo, el Ople está sirviendo -hasta de manera involuntaria- para contener las actividades ordinarias de los partidos políticos, sin que de ello se culpe al gobierno estatal.
En el caso particular del PRI y el Partido Verde, se adeudan más de tres meses de prerrogativas, lo que no pasa con los partidos políticos aliados del gobernador. Si el dinero público invertido en los partidos políticos es un despilfarro en tiempo de crisis, es motivo de otro análisis; en este momento se está incumpliendo incluso, con las sentencias del tribunal electoral para que esos recursos sean entregados.
Así, mientras en pleno proceso electoral algunos partidos no cuentan con dinero para sus obligaciones básicas, el gobierno opera con absoluta libertad y discrecionalidad, utilizando –como se ha dicho- el señuelo de la justicia. En este momento, los criminales le son más útiles al Gobernador en calidad de prófugos, alimentando la irritación social, para evitar que se ponga atención sobre sus verdaderos propósitos.
La del estribo…
Los diputados Daniela Griego y Sebastián Reyes se acaban de enterar que el Congreso local está lleno de ratones; hay que decirles que a millones de veracruzanos les robaron mucho más que dos celulares.
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