Armando Ortiz / Si bien la granja porcícola “Los Pinos” tiene más de dos décadas de establecida en el municipio Emiliano Zapata, en la localidad El Lencero, fue hasta hace unos 5 años que su giro cambió de granja a rastro, en donde se llevan a cabo sacrificios de animales regulados por la Secretaría de Salud, Medio Ambiente y SAGARPA a nivel federal. En un principio la actividad de dicha granja era sólo la cría y comercialización del ganado porcino. Los desechos fecales de los animales dan a un desagüe que conduce al Río Grande, río que pasa por las comunidades de Miradores, Xoltepec, Cerro Gordo y Los Ídolos, para confluir en el Río Actopan que desemboca en la barra de Chachalacas.
Cuentan los pobladores de la zona, que si bien la granja generaba ciertas molestias, hasta ese momento eran tolerables. Pero de 5 años a la fecha, ya siendo un establecimiento de cría, matanza y comercialización de carne, los problemas para los pobladores de El Lencero, El Jobo y el fraccionamiento Residencial Dos Ríos se han incrementado al grado de que es insoportable el mal olor provocado por todos los desechos tóxicos que se siguen arrojando sin que hasta el momento ninguna autoridad municipal, estatal o federal hagan caso de las constantes denuncias de los vecinos.
Ante las constantes denuncias las autoridades municipales dieron respuesta a los reclamos de los vecinos en un documento con fecha del 17 de mayo de 2016 en donde reconocen que la empresa porcícola “Los Pinos” no contaba con ningún documento ni permiso de funcionamiento para dicha actividad; es decir, para ellos no existía ni como granja, ni estaba dada de alta como empresa para la actividad de sacrificio, corte y deshuese de la especie porcina.
Por su parte el gobierno del estado siempre ha sido omiso a los reclamos de los habitantes de esta zona. Ni el gobierno de Fidel Herrera ni el de Javier Duarte tuvieron voluntad de enfrentar el problema que se viene arrastrando desde hace años. Cabe mencionar que la granja porcícola “Los Pinos” es propiedad de Francisco Murillo Martínez, quien le comprara los terrenos a su tío Rafael “La Flecha” Murillo, quien fuera secretario de Finanzas y en su momento jefe del mismo Javier Duarte en Sefiplan. Rafael Murillo Pérez es uno de los tantos funcionarios demandados por malversación de recursos federales ante la PGR por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
Dentro de los posibles gases contaminantes en la actividad del sector porcino se determinan como principales el metano, el amoniaco y el sulfuro de hidrógeno, todos ellos considerados nocivos para la salud y según estudios reciente con altas probabilidades de ser cancerígenos. Cabe mencionar que otra fuente de contaminación, además de los gases, son los desechos fecales y la sanguaza que se origina del sacrificio de los cerdos y que es arrojada de manera criminal al Río Grande sin que exista ninguna planta de tratamiento de aguas residuales, por lo que la contaminación es directa.
En un video que nos presentaron los vecinos de la zona se advierte el alto grado de contaminación de los desechos que van a dar directo al río. Ese mismo video fue también presentado a Diego Cobo Terrazas, delegado de la Profepa, quien sólo se limitó a decir que el asunto no era de su incumbencia sino de la Comisión Nacional del Agua, quien también fue omisa. (Video: https://www.youtube.com/watch?v=HnFTd6cfWDo&feature=youtu.be
Una vez que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares deje de distraerse con el tema del presupuesto, los aviadores y las demandas, haría bien en asomarse a este tipo de crímenes ambientales. Los vecinos hacen un llamado al Dr. Hiram Suárez, secretario de Salud de este gobierno para que preste atención a sus reclamos, y no se deje llevar por el influyentismo de la familia Murillo, quienes tienen ya muchos años contaminado los ríos de esa zona y afectando las salud de muchas poblaciones.
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