Luis Ramírez Baqueiro /
“Siempre hay tiempo de comenzar y enderezar el camino.” – Eusebio Gómez Navarro.
Cuando el pasado 12 de octubre el gobernador Electo, Miguel Ángel Yunes Linares refirió que poseía con una serie de investigaciones con las que pretendería desentrañar la enorme red de corrupción que rodeaba al entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, todos los mexicanos imaginaron lo peor.
Entre las hipótesis que comenzó la población a construir, la más fuerte refería a que desenmarañar una red en donde directamente se vería inmiscuido o señalado el presidente de México, Enrique Peña Nieto, con posibles recursos enviados desde Veracruz para apoyar la campaña del entonces candidato a la presidencia.
Pero no es así.
Según el propio Yunes Linares, los datos se encontrarían contenidos en una memoria USB, a través de los cuales “llegamos hasta la médula de la corrupción”, y aseguró que no es el único dispositivo que tiene, dijo que hay tres copias más que están en manos seguras “están en bóvedas perfectamente resguardadas”.
Durante esa declaración el día mismo que Javier Duarte habría solicitado licencia al Congreso para separarse del encargo, el que será gobernador Constitucional en menos de 24 horas, puntualizó, “cuando dé a conocer la corrupción de Duarte el país entero se va a cimbrar”.
Hasta lo conocido por el mismo mandatario electo, toda la información habría sido recabada gracias a diversas investigaciones, viajes y contactos que han proporcionado los datos acerca del ahora prófugo.
Pero aquí nos preguntamos dos escenarios, que sucedería si esa información confirmaran en primera instancia, la complicidad y la corrupción ejercida por Duarte para llegar hasta al mismo líder nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), documentando y evidenciando, contar con información que compruebe lo que tanto se apuntó durante el proceso electoral, respecto a que el mismo Javier Duarte habría sido el operador y financiador del candidato de ese partido, como en su momento lo reclamó el propio candidato priísta, Héctor Yunes Landa.
¿A poco no, se cimbraría México con esa noticia? ¿Cómo quedaría la imagen de su líder Andrés Manuel López Obrador? ¿Acaso por ello, el propio Yunes Linares busco alianzas con los legisladores contrarios a Morena en el Congreso, sabedor, que con la noticia, no habría forma de lograr consensos?
La otra posible hipótesis, estaría siendo relacionada, a la intensión que en su momento se habría fraguado construir para anular la elección a través de los Tribunales, en donde se intentó acorralar al mandatario entrante, con el objeto de desalentar su voluntad y en una de esas anularle la elección.
Pero pocos han reflexionado, sobre un tercer posible escenario, y ese tendría que ver con la forma en que la administración Duartista habría saqueado financieramente al estado, colocando con ello, una severa crisis financiera global, lo que apuntaría a demostrar como empresas, bancos y demás organizaciones pudieran estar siendo cómplices del saqueo descomunal que enfrenta la entidad.
El anuncio realizado por el Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, en el sentido de que las investigaciones sobre irregularidades cometidas por el gobernador con licencia, Javier Duarte, hoy prófugo de la justicia, se detectaron operaciones ilegales con recursos provenientes del erario veracruzano.
En el desarrollo de las mismas, la información proporcionada por el gobierno electo en Veracruz fue relevante. Detectados estos recursos, se procedió a iniciar una serie de procesos contra las empresas destinatarias de éstos.
Según Cervantes, dos de las empresas que los recibieron, una vez que conocieron el esquema de prestanombres y dispersión de recursos públicos estatales firmaron voluntariamente un convenio con la PGR y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), con lo que ambas instituciones están recuperando $ 421 millones de pesos que serán devueltos a la Tesorería del Estado de Veracruz.
El responsable del Ministerio Público de la Federación aseguró que el primer monto, corresponde a $ 250 millones de pesos, se encuentra listo para ser entregado a las autoridades veracruzanas, y el monto restante será transferido mediante exhibiciones mensuales cubriendo el interés legal correspondiente.
Entrevistado Cervantes Andrade, declaró: “Estos $450 mpd recuperados, y que serán devueltos al gobierno estatal, son prueba de que la institución a mi cargo utilizará todos los recursos a su alcance para, con herramientas modernas del nuevo Sistema Adversarial, combatir la corrupción y recuperar recursos y bienes públicos transferidos indebidamente”.
De igual modo, hizo hincapié en que la Procuraduría desea resaltar dos aspectos primordiales:
1. Las personas jurídicas son sujetas de investigaciones y como tal deben adoptar las medidas necesarias de control en su organización para evitar sean utilizadas, precisamente, para la comisión de cualquier ilícito.
2. Independientemente de las sanciones de perdida de la libertad personal respecto de los principales autores de los actos criminales, esta Institución se ha enfocado al aseguramiento y recuperación de activos producto de hechos ilícitos.
Con ello, se confirma que la posible información que cimbrará al país, desde hace tiempo fue entregada a la federación en ese afán de mantener la institucionalidad que demanda la llegada del primer gobierno de alternancia a Veracruz, comprobando que a partir del 1 de diciembre, este método de actuación será una constante para evitar la impunidad y procurar la recuperación del producto del delito, por quien lo comete o se beneficia de este.
Si con esto no se comienza a cimbrar México, ¿entonces con qué?
Al tiempo.
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