Filiberto Vargas Rodríguez / Poco después de la una de la tarde del jueves empezaron a llegar los primeros mensajes: «Ya cayó Fortamun. Se escucha que entre hoy y mañana podría caer también FISM«.
Los mensajes llegaron a los ocho presidentes municipales que estaban reunidos con el gobernador Flavino Ríos Alvarado en un salón del Hotel Xalapa.
La tensión fue bajando. Se siguieron tratando los temas pendientes, pero ya en un tono más amigable.
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y el Distrito
Federal (Fortamundf) es el que le da viabilidad financiera a los municipios.
El Artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que ese recurso habrá de destinarse «a la satisfacción de sus requerimientos, y se dará prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes«.
Los pagos que estaban pendientes por este concepto eran los correspondientes a septiembre y octubre. El calendario marca que el pago de noviembre se debe hacer en la primera semana de diciembre, y el pago del último mes del año se debe aplicar a más tardar en la tercera semana.
– ¿Qué deben hacer los alcaldes con este recurso? se le preguntó a un especialista.
– Pagar lo que tengan pendiente y guardar el resto. Se vienen compromisos muy fuertes en diciembre y ya no se pueden confiar de que los recursos fluyan con puntualidad.
Con Fortemundf pagan salarios y compromisos financieros.
El FISM tiene otros destinos. Su objetivo es financiar obras y acciones sociales que beneficien directamente a la población en rezago social y pobreza extrema en los rubros programáticos definidos por la Ley de Coordinación Fiscal, que son agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural.
Por la tarde el propio gobernador Ríos Alvarado confirmó que les fueron depositados a los alcaldes 586 millones de pesos. De ese monto, 350 millones fueron conseguidos mediante una negociación con los bancos que administran los títulos de deuda. Con ellos lograron disminuir el monto de las retenciones, que pasaron 80.49% a 64.39%.
El resto, 236 millones de pesos, corresponden a la recaudación estatal, entre participaciones de gasolina y diesel, Fondo de Contribuyentes Pequeños e Intermedios e Impuesto Sobre la Renta Participable.
El propio gobernador aclaró que aunque la Secretaría de Hacienda estuvo al tanto de las negociaciones, no aportó recurso adicional alguno para la atención de este tema y destacó que producto de esta negociación, la próxima administración recibirá mensualmente cerca de 150 millones de pesos adicionales.
Hasta la noche del jueves los alcaldes y los grupos que estaban en posesión del Palacio de Gobierno y de la Casa Veracruz no habían dado la menor señal de retirarse, por lo que se presume que permanecerán ahí hasta el final del mes.
Miguel Ángel Yunes Linares, por su parte, anunció que -ahora sí- este viernes habrá de iniciar el proceso de entrega-recepción, que él mismo había ordenado que se detuviera, hasta que les pagaran a los alcaldes.
Poco a poco las aguas vuelven a su nivel y el diálogo se impone a los gritos y las amenazas.
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