Rafael Pérez Cárdenas / Ya éramos muchos y parió la abuela. Además de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, el proceso interno para la expulsión de su partido, hoy revolotea sobre la testa del gobernador Javier Duarte un nuevo zopilote: la posibilidad del juicio político en el Congreso federal.
Cuando en marzo pasado, diputados federales del PAN y PRD presentaron formalmente su demanda de juicio político contra el gobernador de Veracruz, “ante los evidentes abusos de corrupción y la creciente ola de secuestros y asesinatos en el estado”, nadie dio mucha importancia por dos razones de peso: era evidente que tenía una intencionalidad electoral, además de que hasta ahora, nadie a nivel federal ha sido sujeto a ese procedimiento.
Hay que recordar que el juicio político es un procedimiento de orden constitucional que realizan las cámaras del Congreso para hacer efectivo el principio de responsabilidad de los servidores o funcionarios públicos que la Constitución establece, y que incurren en responsabilidad durante el ejercicio de sus cargos, con independencia de los juicios penales que se sigan en su contra.
Eso dice la ley. En los hechos, hasta ahora, el juicio político en México ha sido un instrumento de control y amenaza para los grupos de poder pero no para castigar la comisión de un delito. En la Cámara de Diputados existen ya más de 300 solicitudes para proceder contra funcionarios y gobernantes, sin embargo ninguna ha prosperado.
A pesar de su larga historia, casi tan larga como la cantidad de notables que han sido propuestos al cadalso del juicio político, lo cierto es que sólo tres casos se reconocen en la historia del país. Los tres, aderezados por una circunstancia política muy particular.
El 30 de julio de 1983 fue desaforado Jorge Díaz Serrano, entonces senador por Sonora, resultado de un diferendo con el Presidente De la Madrid. Dos décadas después, la Cámara baja despojó del fuero al entonces asambleísta del DF, René Bejarano por el escándalo de los billetes con liga. Y aunque no fue un juicio político, sino un desafuero, el 7 de abril del 2005, se aprobó el dictamen que establecía que sí había lugar a proceder penalmente contra Andrés Manuel López Obrador, por el desacato de una orden judicial en la disputa de un terreno en el Distrito Federal.
Eso debería de tener tranquilo al gobernador de Veracruz. Sin embargo, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en el mes de marzo se integró la Subcomisión de Examen Previo de Denuncias de Juicio Político, lo que no había sucedido en años. Durante varias Legislaturas sólo vio pasar el tiempo.
Y aparecieron, de entre los 300 expedientes, los primeros procesos a debatir: las del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa; la diputada local de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, vinculada a Joaquín “El Chapo” Guzmán, el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin y el ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, por la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Estos casos fueron presentados como los prioritarios para las bancadas del PRD, PAN y Morena.
Llegaron las campañas y aparentemente todos se olvidaron del asunto. Sin embargo, este martes, Bajo Reserva –la columna política más importantes del diario El Universal-, refirió que en las próximas horas, en la Cámara de Diputados podría hacerse pública “una lista por muchos temida”. Se trata precisamente del expediente de las peticiones de juicio político que habían estado archivadas en San Lázaro.
Según el diario, sería el propio diputado federal del PRD, Rafael Hernández Soriano, quien dará a conocer los nombres de los políticos contra quienes se ha pedido fincar juicio político, entre los que se podría incluir al ex perredista Alejandro Encinas y algunos gobernadores. Es un camino prácticamente desconocido, por lo que para llegar a la procedencia o desecharlas aún está por verse.
Al gobernador veracruzano le han presagiado toda clase de tragedias políticas, sin embargo, se mantiene vivo en medio de la tormenta. Pero las puertas de salida se agotan y el círculo es cada vez más estrecho. El informe presidencial se acerca y las piezas del ajedrez han empezado a moverse; para qué adivinar lo que se va a saber.
La del estribo…
Tanto Pepe como Héctor están en el ánimo del Presidente, según se narra de la comida que tuvieron este lunes los senadores de todo el país con el mandatario. Son los seguidores de uno y otro los que insisten en ver diferencias.
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