Aurelio Contreras Moreno / Las recientes revelaciones acerca de fraudes y desvíos de recursos en la administración de Javier Duarte de Ochoa, así como el ostensible enriquecimiento de su grupo cercano y de sus familiares, si bien no dejan de generar indignación, tampoco son algo nuevo.
Desde hace al menos dos años se comenzaron a documentar los malos manejos del gobierno veracruzano y los señalamientos que por ese motivo le hicieran desde entonces entes como la Auditoría Superior de la Federación, con denuncias ante la Procuraduría General de la República incluidas.
Todo mundo sabía en Veracruz de la red de negocios tejida por personajes como Gabriel Deantes, Edgar Spinoso y Vicente Benítez, así como de su escandaloso enriquecimiento a costa de sus cargos en la administración pública y al amparo de un poder que creyeron iba a durar para siempre.
Para nadie era un secreto que el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, es el dueño de variados y diversificados negocios, que van desde el lujoso hotel Punta Real en Chachalacas hasta franquicias como la del restaurante Natura en Xalapa y, por supuesto, sus empresas de venta y renta de equipos de vigilancia y seguridad. Con eso de que la delincuencia en Veracruz lleva años desatada.
Desde el principio del sexenio se tenía conocimiento de que integrantes de la familia de la esposa de Javier Duarte, Karime Macías, se habían colocado en varios cargos gubernamentales desde los que se dedicaron a hacer millonarios negocios, desde la organización de la Cumbre Tajín hasta el rubro de la agroindustria.
Incluso, la reciente revelación acerca de que el mismo gobernador Javier Duarte y Karime Macías son dueños de propiedades en el fraccionamiento y club de golf Woodlands, en Houston, Texas -aceptada por él mismo al mostrar el recibo de una las transferencias realizadas para ese propósito-, no sorprenden. No son los únicos.
Lo de Woodlands se volvió un tema hasta aspiracional para los integrantes del duartismo, al grado de que varios de ellos tienen propiedades ahí, como el diputado federal y ex secretario de Educación Adolfo Mota Hernández, el coordinador de Comunicación Social Alberto Silva Ramos, el secretario de Turismo Harry Grappa y el ex secretario de Finanzas y actual delegado de Banobras en Veracruz, Salvador Manzur Díaz. Toda una “colonia veracruzana”, que protege sus nombres mediante entuertos legales y fiscales, como la creación de fideicomisos en los que han escondido muchas de las huellas del desfalco.
Nadie puede decirse engañado. La corrupción del duartismo-fidelismo es antigua, pública y notoria. Sólo que hasta ahora que fueron derrotados en las urnas se ha vuelto noticia de primera plana diaria en los medios de comunicación.
La noticia será cuando se liberen las primeras órdenes de aprehensión. Tanto de orden local como del federal. Pruebas sobran. Sólo es cuestión de que alguna autoridad, sobre todo del Gobierno de la República, se decida.
Sería una excelente manera de estrenar el flamante Sistema Nacional Anticorrupción.
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