Redacción. La exigencia de los pensionados ante las autoridades es que se rindan cuentas claras y se realice una auditoría externa. Mientras tanto los rumores de desfalco corren, los trabajadores ven amenazado su patrimonio y se han unificado para decidir una defensa.
Es por ello que los encargados de dictar las leyes aprobaron por unanimidad el punto de acuerdo presentado por el diputado Manuel Barrera Guillén, para solicitar a la Junta de Gobierno de la Dirección de Pensiones, acuerde llevar a cabo una auditoría con un despacho externo, sobre los fondos que conforman sus activos y pasivos y se deslinden responsabilidades.
El manejo poco claro e irregular de los recursos en la Dirección General de Pensiones revela que se utilizaron como si se tratara de un casino: Juegan con el dinero de otras personas, aseguró Manuel Barrera Guillén, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de San Luis Potosí.
El legislador por el Partido Verde Ecologista de México afirmó que además del titular de la dirección general de Pensiones del Estado, también podrían estar involucrados otros funcionarios subalternos, como el arquitecto Ricardo Sandoval Aguilar, la licenciada Magaly Toro o la contadora Gregoria Martínez.
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