Armando Ortiz / Según las cuentas de unos ya van 17 periodistas asesinados en Veracruz, según las cuentas de otros nada más son 15; según las cuentas de quién sea ya son demasiados periodistas asesinados en Veracruz.
Según el gobierno la mayoría de los periodistas asesinados andan en malos pasos, se sientan en la mesa de los criminales, comparten con ellos el pan y la sal. Pero hasta la fecha, siendo que para la Fiscalía General del estado de Veracruz, es muy frecuente que los periodistas se sienten a la mesa de los delincuentes, no existe ninguna investigación previa sobre la relación de algún periodista involucrado en el crimen organizado. Si fuera tan frecuente como ellos señalan ya debieron haber investigado a esos periodistas. Quizá la relación del periodista con el crimen organizado le reditúa ganancia económica, una ganancia que bien valiera el riesgo. Pero la mayoría de los periodistas asesinados sólo viven de su trabajo, viven en la medianía que su trabajo honesto les permite. Después de la muerte de un periodista en Veracruz no se han descubierto grandes fortunas, mansiones, autos, cuentas bancarias, es decir el producto de su relación con el narcotráfico.
El día martes se confirmó que el cuerpo hallado en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca con dirección a Tehuacán, Puebla es el de Anabel Flores Salazar. La periodista fue sacada de su casa la madrugada del lunes por un comando de sujetos vestidos de militar. La periodista de El sol de Córdoba tenía hijos pequeños; los familiares cuando se la llevaban rogaban a los captores para que la dejaran por sus hijos. Pero ellos no hicieron caso.
A las pocas horas de ser secuestrada la Fiscalía echó a andar la versión de que Anabel se había reunido con algunos delincuentes, particularmente con Víctor Osorio Santacruz “El Pantera”, quien fue detenido en un restaurante de Acultzingo donde Anabel y su familia se hallaban reunidos. La periodista de oficio tomó su tableta y empezó a tomar fotos de la detención, pero los policías la acosaron, le borraron las fotos y anotaron su nombre. Por ese incidente, dicen sus familiares, es por lo que la vinculan con “El Pantera”.
Pero ya sabemos que uno de los protocolos que sigue el gobierno en estas situaciones es criminalizar a la víctima; el gobierno sólo sigue el protocolo, el último paso a seguir es dar carpetazo al asunto.
Da escalofríos pensar que cualquier día, uno como ciudadano o periodista pueda encontrase en una situación como esta, donde un grupo armado, haciéndose pasar como autoridad, le pida a uno acompañarlos. El funcionario público que permite esa usurpación, o los funcionarios que se hacen cómplices de los delincuentes, como en el caso de los 5 jóvenes detenidos en Tierra Blanca, no debería continuar en funciones. Si lo siguen haciendo, sólo estarán contribuyendo a que Veracruz siga siendo una fosa de cadáveres que no se harta.
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